Hay una pregunta que casi nadie se hace cuando cruza una calle con el semáforo en rojo o llena un formulario en una oficina pública: ¿de dónde saca esta ley su derecho a mandarme?
La respuesta de reflejo es inmediata: de los legisladores, de la Constitución, del voto.
Y es verdad, hasta cierto punto.
Pero la respuesta sirve solo mientras nadie pregunte una vez más: ¿y de dónde sacan ellos su derecho a mandar?
Si la cadena de razones termina en «porque así lo decidió la mayoría», entonces hemos construido una casa muy ordenada sobre un terreno que nunca nos animamos a mirar.
Lo necesario no es lo último
Conviene empezar por reconocer lo evidente, para que nadie crea que esto es un panfleto contra las leyes.
Necesitamos leyes positivas, y mucho.
Alguien tiene que decidir de qué lado de la calle se circula, cuántos años de prescripción tiene una deuda, cómo se registra una propiedad, qué requisitos exige un matrimonio civil, cómo se vota.
La ley natural no dice nada de eso.
Es la ley positiva la que baja los principios a lo concreto, la que pone fechas, plazos, formularios y sanciones.
Quien la desprecia, desprecia el modo en que una comunidad se hace posible.
El problema no está en que la ley positiva exista. Está en que hayamos olvidado que es segunda.
Que viene después de algo. Que es una respuesta a una pregunta que no formuló ella.
Recuerdo que monseñor Karlic, entonces arzobispo de Paraná, les decía a los políticos reunidos en Gualeguaychú, allá por el año 2000, que las leyes deben ser cauce. La palabra es exacta.
Un cauce no fabrica el río ni le dicta su razón de ser: lo recibe, lo ordena, le impide arrasar y le impide perderse.
La vida social corre como el agua, y la ley es el lecho por donde puede correr sin ahogar a nadie.
Pero todo baqueano sabe lo que ocurre con un cauce excavado contra la pendiente: el agua lo ignora, lo desborda o lo convierte en pantano.
El legislador puede trazar el cauce; lo que no puede decretar es hacia dónde corre el agua.
Esa inclinación del terreno, anterior a toda excavación, es lo que la tradición llamó ley natural.
Santo Tomás lo dijo con una claridad que hoy parece escandalosa: una ley injusta no es ley, sino corrupción de la ley.
Esa frase no nace de un arrebato rebelde. Nace de una convicción serena: que existe un criterio anterior a cualquier parlamento contra el cual se mide lo que los parlamentos hacen. Sin ese criterio, la palabra «injusta» no significa nada. Solo quedaría la palabra «derrotada».
El día en que «cumplí órdenes» dejó de alcanzar
La historia ofreció una lección dolorosa, y la ofreció a plena luz.
Tras la Segunda Guerra, en Núremberg, se sentó en el banquillo una generación de funcionarios, jueces y burócratas que, en su inmensa mayoría, había hecho algo muy simple: cumplir la ley de su país.
Las deportaciones tenían decreto. Las exclusiones tenían reglamento. Los trámites estaban sellados y foliados.
Y sin embargo el mundo entendió, casi por instinto, que eso no bastaba como defensa.
Que había actos tan hondamente contrarios a lo humano que ninguna norma podía legitimarlos.
Que existía un derecho no escrito, anterior a la firma de cualquier ministro, al que había que responder.
Pensemos en lo que esa decisión implicaba.
Si el tribunal tenía razón, entonces la ley positiva no es la última palabra.
Si la ley positiva fuera la última palabra, Núremberg habría sido una venganza de los vencedores con aire solemne.
Los jueces apelaron, sin decirlo del todo, a la ley natural.
La usaron cuando la necesitaron.
Es una curiosa costumbre de nuestro tiempo: negarla en la cátedra y reclamarla en el estrado.
La comodidad del positivismo
¿Por qué entonces la olvidamos? Porque olvidarla es cómodo.
La ley positiva tiene una virtud inmensa: se puede señalar con el dedo.
Está en un boletín oficial, tiene número y fecha. Uno sabe dónde buscarla y puede discutirla en términos técnicos.
La ley natural, en cambio, exige algo más incómodo: que nos detengamos a pensar qué es el hombre, para qué existe, qué le hace bien y qué lo destruye.
Exige una antropología. Y una antropología obliga a responder preguntas que preferimos dejar en suspenso.
Así que hicimos lo que hacen las épocas cansadas: reemplazamos la pregunta por el procedimiento.
Ya no preguntamos si algo es bueno, sino si fue aprobado.
Ya no preguntamos si es justo, sino si es legal.
Y la distancia entre ambas preguntas, que durante siglos fue el espacio de la conciencia, se fue estrechando hasta desaparecer.
El resultado es una paradoja que merecería más atención.
Cuanto más leyes producimos, menos sabemos para qué sirven.
Vivimos rodeados de normas y huérfanos de fundamento.
Y una norma sin fundamento solo se sostiene por dos cosas: la costumbre y la fuerza.
Cuando la costumbre se erosiona, queda la segunda.
Lo que se mueve cuando el suelo es la mayoría
Hay otro riesgo, más silencioso.
Si el único fundamento de la ley es la voluntad de la mayoría, entonces lo que hoy es intolerable mañana puede ser obligatorio, con el mismo sello y la misma legitimidad.
Nada impediría que una mayoría, bien informada y con todas las formalidades cumplidas, decidiera que ciertas vidas valen menos, que ciertas personas estorban, que ciertas verdades molestan.
No es una hipótesis de ciencia ficción.
Es el modo en que, más de una vez, se fueron legalizando cosas que antes se habrían considerado impensables.
Y casi siempre el mecanismo es el mismo: primero se dice que es un asunto técnico, luego que es un asunto de derechos, finalmente que discutirlo es retrógrado.
En ningún momento aparece la pregunta de fondo: ¿es esto conforme a lo que el hombre es?
Cuando la democracia se desprende de toda referencia anterior a sí misma, no se vuelve más libre.
Se vuelve más frágil. Porque queda sin defensa frente a sus propios excesos.
Una ley escrita en el corazón
Aquí es donde la tradición cristiana tiene algo que decir, y lo dice sin gritar.
San Pablo, hablando de quienes no habían recibido la revelación, observa que llevan la ley escrita en sus corazones, y que su conciencia da testimonio.
Es una afirmación asombrosa en su sencillez: que antes de cualquier códice, de cualquier tablilla, de cualquier sermón, hay en el hombre una voz que distingue, aunque sea a tientas, lo recto de lo torcido.
Esa voz puede ser acallada, distorsionada, entrenada para no oírse.
Pero no puede ser fabricada. Ningún legislador la inventó y ninguno puede abolirla.
Por eso los pueblos, aun sin ponerse de acuerdo en casi nada, coinciden en cosas elementales: que matar al inocente es un crimen, que traicionar al que confía es una bajeza, que cuidar de los hijos y de los padres es un deber antes que una opción.
La conciencia no es un trámite
Hay una consecuencia práctica de todo esto que conviene decir sin rodeos.
Si existe una ley anterior, entonces la conciencia no puede reducirse a una oficina de cumplimiento.
No es un departamento que verifica si el acto está permitido.
Es el lugar donde el hombre se pregunta si el acto es bueno.
Y esa diferencia puede costar caro.
Hubo hombres y mujeres que, ante normas legales que les ordenaban callar, denunciar, ocultar o participar, respondieron con un «no» que no tenía respaldo en ningún artículo.
Su única base era una certeza interior que ningún boletín oficial había aprobado. La historia los recuerda con respeto, pero en su momento fueron incómodos, sospechosos, a veces ruinosos para sí mismos.
No se trata de promover la anarquía ni de erigir a cada uno en juez de las leyes. Se trata de algo más serio: de reconocer que el ciudadano no deja su humanidad en la puerta del Estado, y que hay una lealtad más honda que la lealtad al texto.
Nosotros, aquí
Digámoslo en clave nuestra.
En la Argentina conocemos bien el cansancio de las leyes que no se cumplen y la sospecha de que se hacen a medida de quien las escribe.
Conocemos la tentación de pensar que todo es negociable, que todo depende de quién tenga la lapicera
Y conocemos, cada tanto, ese sobresalto de la conciencia colectiva ante una injusticia flagrante, que no necesita ninguna norma para saber que algo anda mal.
Ese sobresalto es una señal. Nos dice que, debajo de tanto papel, algo permanece.
Que la gente sabe, en el fondo, que hay cosas que no se pueden hacer aunque se puedan legislar.
La tarea de nuestro tiempo es dejar de tratar ese sobresalto como un sentimentalismo y empezar a escucharlo como lo que es: el último vestigio de una ley que no necesita ser votada para obligar.
¿De dónde viene, entonces?
Llegados aquí, corresponde responder la pregunta que quedó pendiente: ¿de dónde viene esa ley que nadie votó?
No viene de la Iglesia, que no la inventó sino que la reconoció.
No viene de una costumbre antigua, porque las costumbres cambian y esta atraviesa épocas y culturas.
Y no viene del hombre, porque el hombre la encuentra, no la produce.
Viene de Dios, y conviene entender bien en qué sentido.
La tradición enseña que Dios, al crear, no lanzó las cosas al azar: las pensó, les dio un orden, un modo de ser y un fin.
Ese plan de la sabiduría divina que gobierna todo lo creado es lo que Santo Tomás llama la ley eterna.
Pues bien: la ley natural no es otra cosa que la participación de la criatura racional en esa ley eterna.
Es decir, el modo en que el hombre, único entre los seres visibles capaz de entender el orden de las cosas, lee en su propia naturaleza el designio de Quien lo hizo.
Eso explica algo importante.
La ley natural no es un catálogo de prohibiciones llegadas desde afuera, como un reglamento que alguien nos hubiera impuesto sin explicar.
Es la inclinación misma de nuestro ser: conservar la vida, formar una familia, buscar la verdad, vivir en sociedad, dar culto a quien nos hizo.
Nos pide lo que nos hace plenamente humanos, y nos prohíbe lo que nos deshace.
También explica por qué puede ser terreno común. Si procediera solo de un texto sagrado, obligaría únicamente a quien lo acepta.
Pero está escrita en la naturaleza, y la naturaleza la comparten creyentes y no creyentes.
El creyente reconoce, además, quién la escribió; el que no cree puede, sin embargo, descubrir su contenido con la razón y la conciencia, como lo hizo Pablo al hablar de quienes no tenían la Ley.
La Revelación, por su parte, no la crea: la confirma, la purifica y la ilumina, como el sol confirma e ilumina un paisaje que ya estaba ahí.
Por eso decimos que es «ley de Dios» sin que eso signifique clausurar la conversación pública.
Significa afirmar que el orden que el legislador debe respetar tiene un Autor, y que ese Autor no se equivoca ni se vota.
La pregunta que queda
No te pido que desprecies la ley positiva. Te pido algo más difícil: que no la conviertas en el horizonte.
Que la cumplas con gusto cuando es justa, que promuevas, las mejoren cuando es defectuosa y que, cuando contradiga lo que tu conciencia sabe que es inviolable, te atrevas a preguntarte de dónde viene tu obligación.
Todo cauce sirve a un río, y todo río corre sobre una pendiente que no cavó ningún ingeniero.
Quien trazó esa pendiente es el mismo que hizo el agua.
Los legisladores podrán excavar con más o menos acierto; lo que no podrán nunca es hacer que el agua suba.
La ley que nadie votó no está en ningún registro y, sin embargo, nos precede a todos.
Estaba antes de que hubiera parlamentos y seguirá cuando los parlamentos pasen.
La pregunta no es si la obedecemos.
La pregunta, más modesta y más urgente, es si todavía recordamos de dónde viene.
©Catolic.ar
