Hay una cifra que debería detener cualquier sobremesa, cualquier editorial, cualquier misa dominical: en la Argentina, en promedio, un adolescente se suicida cada veinticuatro horas.
No es una metáfora ni una hipérbole periodística.
Es el dato que arroja el propio Ministerio de Salud de la Nación al cruzar sus registros de mortalidad, y que distintos medios confirmaron hacia fines de 2025.
Detrás de cada una de esas muertes hay, además, entre diez y veinte intentos previos que no llegaron a consumarse, según el mismo organismo.
Es decir: el suicidio adolescente no es un hecho aislado que irrumpe de pronto en una familia sin aviso.
Es la punta visible de un iceberg de sufrimiento silencioso que atraviesa miles de casas, aulas y guardias hospitalarias todos los días del año.
Escribir sobre esto no es una decisión editorial cómoda.
Pero callarlo —tratarlo como un tema “sensible” que mejor no se toca— es una forma de complicidad.
Si el periodismo tiene una función que no delega en nadie, es la de nombrar lo que la sociedad prefiere no mirar.
Y lo que hay que mirar de frente es esto: la infancia y la adolescencia argentinas atraviesan hoy un cuadro de vulnerabilidad estructural —pobreza, adicciones, ausencia de redes de sostén— cuya consecuencia última, en su forma más extrema, es la muerte autoinfligida de miles de chicos que todavía no habían terminado de vivir.
Lo que dicen los números, sin eufemismos
Según el informe del Observatorio de Política Criminal presentado en la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Argentina cerró 2025 con la tasa de suicidios más alta de su historia: 11,8 cada 100.000 habitantes, casi un 30% por encima del promedio mundial (9,2).
Es una cifra superior a la de la crisis de 2001 y a la de los años de la dictadura cívico-militar.
El suicidio ya desplazó a los accidentes de tránsito como primera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 34 años, y es, hoy, la principal causa de muerte violenta en el país, cuadruplicando a los homicidios dolosos.
Dentro de ese cuadro general, la adolescencia ocupa un lugar de particular fragilidad.
Un informe de la Universidad Austral, elaborado sobre datos oficiales de mortalidad hasta 2023, reveló que ese año el suicidio superó, por primera vez en la historia estadística argentina, a los tumores y a los accidentes como principal causa de muerte entre las mujeres de 10 a 19 años: 148 chicas murieron por esa causa, más que las 119 que murieron por cáncer y las 103 que murieron en accidentes.
Entre los varones de la misma franja etaria se registraron 238 casos.
El Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, por su parte, notificó entre abril de 2023 y octubre de 2025 más de 22.000 intentos de suicidio, con una concentración notable entre los 15 y los 24 años —edades en las que la tasa de intentos duplica, en las mujeres, a la de los varones de igual edad—.
Estos no son números fríos. Cada cifra es un nombre, una cama de hospital, una familia que no volvió a ser la misma. Y detrás de cada número hay, casi siempre, más de una causa entrelazada.
La pobreza no mata directamente, pero abre la puerta
El Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, de la Universidad Católica Argentina, ofrece una fotografía que conviene tener presente antes de hablar de “factores de riesgo” en abstracto. En 2025, el 53,6% de los niños, niñas y adolescentes argentinos vivía en hogares pobres, y el 10,7% en la indigencia.
Entre los adolescentes de 13 a 17 años —justamente la franja más golpeada por el suicidio— la pobreza trepa al 56,5% y la indigencia al 14,4%, los valores más altos de todos los grupos etarios.
Un chico del nivel socioeconómico más bajo tiene cuatro veces más probabilidades de ser pobre que uno de nivel medio-alto, y trece veces más de caer en la indigencia.
La brecha territorial es igual de brutal: mientras en la Ciudad de Buenos Aires la pobreza infantil afecta al 23,8%, en el Conurbano Bonaerense llega al 62,7%.
La Asignación Universal por Hijo, pensada como red de contención, cubre hoy al 42,5% de los chicos, el valor más bajo desde 2018, mientras la pobreza sigue en más del 53%. Uno de cada cinco niños pobres no recibe ninguna transferencia. La brecha entre necesidad y protección estatal, lejos de cerrarse, se amplía.
¿Explica esto, por sí solo, el suicidio adolescente? No.
Los propios estudios epidemiológicos insisten en que se trata de un fenómeno multicausal, donde intervienen factores biológicos, psicológicos, familiares y culturales.
Pero sería una forma de negacionismo sofisticado sostener que la pobreza es irrelevante.
El propio estudio de UNICEF sobre suicidio adolescente en la Argentina, ya en 2019, documentó “un vínculo entre eventos relativos al suicidio y grados de vulneración social”, señalando que las tasas de mortalidad autoprovocada en provincias como Salta, Catamarca y Jujuy eran diez veces más altas que en el resto del país, y que el suicidio se concentraba entre los adolescentes con menores niveles de educación.
La pobreza no aprieta el gatillo.
Pero desmantela, uno por uno, los amortiguadores que deberían sostener a un chico en crisis: la estabilidad del hogar, el acceso a la salud mental, el tiempo de los adultos disponibles, el horizonte de futuro. Quita, literalmente, motivos para seguir proyectando una vida.
El consumo problemático: una salida que se convierte en trampa
El Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria, realizado por Sedronar sobre casi 118.000 estudiantes de todo el país y publicado en 2025, muestra un panorama que debería inquietar a cualquier padre, docente o pastor: el 21,5% de los adolescentes escolarizados consumió alguna sustancia psicoactiva al menos una vez en su vida, y el 16% lo hizo en el último año.
La edad de inicio en el consumo de tranquilizantes es de 12,6 años; en estimulantes, 12,7. Uno de cada cuatro chicos menores de 14 años ya vapea.
El consumo de marihuana entre los mayores de 17 años (27,5%) triplica al de los menores de 14 (8,7%), lo que confirma a la escuela secundaria como el período crítico de iniciación.
Los propios organismos de salud pública advierten que este dato no es paralelo al del suicidio, sino que se entrelaza con él: en el registro nacional de intentos de suicidio, cerca del 20% de quienes intentaron quitarse la vida tenían un diagnóstico previo de salud mental, y una proporción significativa presentaba consumo problemático de alcohol o cocaína.
El consumo no es, casi nunca, la causa; es el síntoma de un dolor que no encontró otro canal, y al mismo tiempo el acelerador que reduce el umbral de contención frente a una crisis.
Un chico que bebe o se droga para anestesiar la angustia está, en los hechos, comprando tiempo con la propia salud mental que necesitaría para salir de esa angustia.
Lo que falta no siempre es plata: falta alguien que escuche
Aquí conviene resistir la tentación de reducir todo a la variable económica, porque los propios especialistas argentinos advierten contra esa simplificación.
La doctora Rocío González, del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, identifica como factores de riesgo centrales la ausencia de redes de apoyo familiares y escolares, las presiones socioculturales —hoy potenciadas por las redes sociales y la exigencia de una felicidad permanente y exhibida—, los problemas de salud mental no diagnosticados y las dificultades en la transición hacia la adultez.
El sociólogo Carlos de Angelis lo resume con una frase que debería inquietar a cualquier adulto: “Antes el bullying quedaba en el colegio. Hoy el acosador puede llevar esta situación al plano simbólico, que es la información que circula en todos lados.”
Y el psicólogo Miguel Espeche va más lejos: “El mercado utiliza a los chicos sin pudor. Vende mundos ideales y vende productos para evitar el bajón que los chicos tienen al no acceder a esos mundos. Generan el problema y venden la solución.”
Esta es, tal vez, la clave antropológica del fenómeno: no se trata solamente de la falta de bienes materiales, sino de la falta de un vínculo que sostenga sentido.
Un chico pobre con una familia presente, una comunidad que lo reconoce y un adulto disponible para escuchar su angustia atraviesa la adolescencia con recursos que ningún ingreso económico por sí solo garantiza.
Y, a la inversa, un chico de clase media con acceso a todo salvo a la mirada atenta de un adulto puede llegar igual de solo al borde del abismo.
La pobreza material y la pobreza relacional no son la misma cosa, pero en la Argentina de hoy —con presupuesto de salud mental en mínimos históricos, con el Hospital Laura Bonaparte reduciendo su gasto en más de un 45% entre 2023 y 2026, con jornadas escolares que no alcanzan a formar a los adultos en competencias socioemocionales— tienden a superponerse y a potenciarse mutuamente.
Lo que está en juego no es una estadística: es la dignidad de cada uno
Ninguna cifra, por escalofriante que sea, dice lo esencial: que cada uno de esos chicos era, y sigue siendo, alguien irrepetible, con una historia, un rostro y una dignidad que no dependía de su rendimiento escolar, de su cuerpo, de sus “likes” ni de la changa que sus padres consiguieran ese mes.
La cultura que hoy empuja a un adolescente hacia el suicidio es, casi siempre, una cultura que primero le enseñó a medir su valor por el desempeño, la imagen o el consumo, y que después no le ofreció ningún relato capaz de sostenerlo cuando el desempeño falló, la imagen se resquebrajó o el consumo dejó de anestesiar.
No hace falta pronunciar ninguna palabra técnica de teología para advertir que estamos frente a una crisis, antes que económica o sanitaria, de sentido: de quién le dice a un chico, con hechos y no solo con discursos, que su vida vale independientemente de lo que produce.
Ese vacío no lo llena únicamente el Estado con más presupuesto —aunque hace falta, con urgencia, revertir el desfinanciamiento de la salud mental pública—.
No lo llena únicamente la escuela con más programas de contención —aunque los proyectos de ley que hoy duermen en el Congreso, como el de prevención del suicidio por acoso escolar presentado por la senadora Beatriz Ávila, merecen dejar de dormir—.
Lo llena, antes que nada, la trama de adultos concretos —padres, docentes, catequistas, entrenadores, vecinos— dispuestos a mirar a los ojos a un chico y a sostener su silencio hasta que encuentre las palabras.
Las comunidades de Fe, las parroquias, los grupos juveniles no pueden seguir tratando esto como un tema ajeno a su misión: allí donde el Estado y el mercado fallan en ofrecer sentido y pertenencia, la comunidad cristiana tiene una responsabilidad insustituible, y con frecuencia irrenunciable, de ser ese lugar donde a nadie se le pregunta primero cuánto vale, sino que se lo recibe porque existe.
La pregunta que este informe deja abierta a cada lector no es retórica: ¿cuántos chicos de su entorno —el barrio, la escuela, la parroquia— están hoy transitando ese silencio?
Y, sobre todo: ¿está usted disponible para ser, esta semana, el adulto que se detiene a preguntar cómo está, y a esperar la respuesta con paciencia, sin apuro por seguir con la agenda?
Si usted o alguien de su entorno está atravesando pensamientos de este tipo, en Entre Ríos puede comunicarse las 24 horas, de manera gratuita y confidencial, con la Línea 135 de Orientación y Apoyo en Salud Mental (o al 0800-777-2100).
En Concepción del Uruguay, el Servicio de Salud Mental del Hospital Justo José de Urquiza atiende consultas y asesoramiento al 3442-602749, y en cada barrio funciona un CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud) como primera puerta de entrada.
También en la Argentina puede comunicarse de manera anónima y gratuita con el Centro de Asistencia al Suicida al 135 (desde CABA y Gran Buenos Aires) o al 0800-345-1435 (desde todo el país).
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