Hay renuncias que se anuncian con comunicado, fecha y solemnidad, y hay renuncias que simplemente no ocurren, y por eso mismo no se notan.
La Conferencia Episcopal Argentina eligió, a fines de 2023, la primera clase de gesto: comunicó con orgullo que los arzobispos y obispos dejaban de percibir la asignación mensual que el Estado les pagaba desde 1979. Fue un gesto elegante, oportuno, casi litúrgico en su sobriedad.
Lo que la CEA no comunicó —porque nadie se lo preguntó, y porque el silencio institucional es siempre más cómodo que la explicación— es que ese mismo Estado sigue, en la letra de la norma vigente, costeando los pasajes de arzobispos, obispos, sacerdotes, religiosos y hasta catequistas laicos cuando viajan “por razones de su ministerio”, ya sea a Roma, a un congreso en Madrid o a la diócesis vecina.
Los pasajes gratis. . .
Catolic no opina sobre la Iglesia. La instruye.
Y esta es una causa que merece expediente propio, porque combina tres elementos que rara vez conviven con tanta nitidez: una norma jurídica real y verificable, una genealogía incómoda, y un silencio institucional que contrasta, línea por línea, con el relato de autosostenimiento que la propia Iglesia argentina eligió instalar.
La norma: lo que dice el Decreto 1991/80
El texto existe, está publicado en el Boletín Oficial y puede consultarse hoy mismo en el portal de normativa del Estado argentino. Se trata del Decreto 1991/80, firmado el 19 de septiembre de 1980, que en su artículo primero dispone que las solicitudes de pasajes de arzobispos, obispos diocesanos, obispos auxiliares, superiores de órdenes y congregaciones religiosas, y miembros del clero secular y regular que necesiten viajar al exterior, desde el exterior o dentro del territorio nacional “por razones de su ministerio”, deben canalizarse a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
El artículo segundo extiende idéntico tratamiento a los laicos investidos con Sagrados Ministerios, a los catequistas y a los dirigentes seglares de asociaciones y movimientos de la Iglesia.
El artículo tercero pone en manos de la Dirección Nacional de Culto la evaluación de cada pedido, “en cuanto no altere derechos adquiridos” —una fórmula que en la jerga administrativa argentina suele significar que la norma nació para quedarse.
Pero el dato más elocuente no está en el articulado operativo, sino en los considerandos, que rara vez se leen y que en este caso son la clave de bóveda de todo el edificio.
Allí, el propio decreto explica su razón de ser: el otorgamiento de pasajes vinculados al servicio del culto “constituye una manera de sostenimiento del Estado a la Religión Católica Apostólica Romana”.
No es una prestación administrativa neutra, como emitir un DNI o tramitar un pasaporte.
Es, en las propias palabras de la norma, una forma de subsidio estatal a una confesión religiosa, articulada sobre el artículo 2 de la Constitución Nacional, que establece que “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano“.
Lo que se resignó y lo que quedó intacto
Conviene precisar los términos, porque aquí es donde el relato público se vuelve impreciso —y donde una nota seria puede aportar lo que el periodismo genérico no aporta: distinción de fuentes normativas.
El paquete de decretos-leyes dictados entre 1977 y 1982 por la última dictadura militar en materia de sostenimiento del culto no es una sola norma, sino un andamiaje de al menos cinco piezas: el Decreto-Ley 21.540/77 (beneficio jubilatorio de privilegio para obispos y arzobispos), la Ley 21.950/79 (asignación mensual equivalente a un porcentaje del sueldo de un juez), el Decreto-Ley 22.162/80 (subsidio a curas de zonas de frontera o desfavorables), el Decreto-Ley 22.430/81 (asignación vitalicia para sacerdotes seculares sin cobertura previsional) y la Ley 22.950/83 (subsidio a institutos religiosos formadores de seminaristas).
A este andamiaje se suma, como pieza distinta y de naturaleza distinta, el Decreto 1991/80 de pasajes.
Lo que la Conferencia Episcopal resignó, formalmente, a partir del 31 de diciembre de 2023, fue únicamente la asignación mensual prevista en la Ley 21.950.
Así lo comunicó la propia CEA, y así lo confirmó el que fuera vocero presidencial Manuel Adorni, que enmarcó la medida en la “austeridad de gasto y la defensa de la libertad de culto” del gobierno de Javier Milei.
Fue, sin duda, un gesto real: el Estado dejó de pagar una suma mensual a alrededor de un centenar de obispos y arzobispos, y el rubro presupuestario “Registro y Sostenimiento de Culto” cayó de forma pronunciada entre 2023 y 2024.
Pero ese mismo gobierno, que en 2026 eliminó por resolución los subsidios que sostenían los pasajes gratuitos de personas con discapacidad y de niños con tratamiento oncológico —invocando “simplificación normativa” y “libertad tarifaria”— no tocó, hasta donde permite verificar la documentación pública disponible, el Decreto 1991/80.
No hay comunicado episcopal que anuncie su renuncia. No hay resolución ministerial que lo derogue. No hay, en rigor, ningún gesto equivalente al de 2023.
La norma que financia los viajes del clero —a Roma, a un sínodo, a un congreso en cualquier capital europea, o de una diócesis a otra dentro del país— sigue formalmente vigente, mientras la única renuncia efectivamente comunicada fue la que menos control directo sobre la agenda personal de cada obispo implicaba.
Una genealogía que incomoda
Hay un dato que ninguna nota seria puede omitir, por más que resulte incómodo para ambas orillas del debate: estas normas no nacieron de un acuerdo concordatario negociado en democracia, sino de decretos firmados por Jorge Rafael Videla, con el refrendo de ministros como Albano Harguindeguy y José Alfredo Martínez de Hoz, en el contexto exacto en que ese mismo régimen perseguía, torturaba y hacía desaparecer personas.
El propio Decreto 1991/80 no es una norma aislada: se inscribe en el mismo período y en la misma lógica que el resto del paquete de sostenimiento al culto, diseñado en años en que ciertos sectores de la jerarquía eclesiástica argentina mantenían una relación de cercanía institucional con el poder militar que la propia Iglesia, en documentos posteriores, ha reconocido como una herida abierta y un examen de conciencia pendiente.
Esto no implica, de ningún modo, que cada arzobispo o sacerdote que hoy tramita un pasaje a través de la Secretaría de Culto esté validando ese origen, ni que exista mala fe en el uso de una norma vigente y legal.
Sería una simplificación injusta y ajena al espíritu de este editorial.
Pero sí implica una pregunta que ningún periodismo de anticipación puede eludir: ¿por qué ningún gobierno constitucional, en más de cuarenta años de democracia ininterrumpida, revisó esta arquitectura normativa? ¿Y por qué la propia Iglesia, que sí tuvo la lucidez institucional de resignar la asignación mensual más visible, no extendió ese mismo gesto de transparencia a la norma que financia sus traslados?
Un caso sin parangón conocido
La búsqueda de antecedentes comparables en otros países de tradición católica no arroja resultados equivalentes.
España e Italia, que mantienen relaciones Iglesia-Estado codificadas en acuerdos concordatarios, sostienen privilegios fiscales sustantivos —exención del IBI, régimen de mecenazgo, asignación tributaria— pero no un mecanismo estatal de financiamiento directo de pasajes aéreos o terrestres para el clero, comparable en su literalidad al decreto argentino.
La diferencia no es menor: un régimen fiscal diferenciado puede discutirse en el marco general de la fiscalidad de las entidades sin fines de lucro; un decreto que instruye a un ministerio a tramitar y costear los viajes personales del clero, “por razones de su ministerio”, es una figura jurídica más singular, y hasta donde permite establecer esta investigación, específicamente argentina.
El fondo del asunto: no es anticlericalismo, es coherencia
Conviene decirlo con toda claridad, porque es el punto donde esta nota se distancia de la lectura que suele hacerse de este tema desde ciertos sectores de izquierda: el problema no es que el Estado argentino, en virtud de un artículo constitucional vigente desde 1853, sostenga económicamente al culto católico.
Ese es un debate legítimo sobre laicidad y financiamiento público de las confesiones religiosas, y puede sostenerse en cualquier dirección sin que ello comprometa la fe.
El problema, visto desde dentro de la Iglesia y no desde fuera de ella, es otro: la incoherencia entre el relato público de autosostenimiento —el Programa FE, la insistencia en que “sean los propios fieles quienes vayan asumiendo esa responsabilidad“, como declaró en su momento monseñor Oscar Ojea— y la persistencia silenciosa de un mecanismo que sigue trasladando al erario público el costo de los desplazamientos de la jerarquía.
Newman enseñó que la credibilidad de una institución no se mide por lo que declara, sino por la coherencia entre lo que declara y lo que hace cuando nadie mira.
Y Ratzinger, ya como Benedicto XVI, insistió en que una Iglesia que aspira a la “desmundanización” —a despojarse de privilegios históricos que la atan al poder temporal y oscurecen su testimonio— no puede limitar ese despojo a los gestos que generan buena prensa.
Si la renuncia de 2023 fue sincera, y no hay razón seria para dudarlo, entonces el silencio sobre el Decreto 1991/80 no es una traición a ese gesto: es una tarea pendiente.
Una causa abierta, en el sentido más literal, que este medio está en condiciones de instruir.
Lo que falta: cifras, no relatos
Ni esta nota ni ninguna investigación seria puede cerrar el expediente sin datos de ejecución presupuestaria actualizados: cuántos pasajes se tramitaron en los últimos cinco años a través del Decreto 1991/80, qué monto representaron, y si ese gasto fue informado con el mismo detalle con que se informó, en su momento, el fin de la asignación de la Ley 21.950.
Esa información existe, es pública por derecho, y puede solicitarse por la vía del acceso a la información pública ante la Secretaría de Culto y la Cancillería.
Hasta que esos números se conozcan, lo único que puede afirmarse con certeza documental es esto: la norma existe, sigue vigente en su letra, y ni el Estado ni la Iglesia han explicado públicamente por qué.
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