Opacidad, silencio institucional y desacoplamiento del poder en la Iglesia Católica
Por catolic.ar
Hay un patrón que los fieles aprenden a reconocer aunque nadie se los enseñe formalmente.
Un sacerdote problemático es trasladado sin explicación pública. Una iniciativa pastoral que generaba debates internos desaparece del cronograma diocesano.
Un laico que preguntó demasiado deja de recibir respuestas.
Las decisiones llegan sin causas declaradas, y las causas —cuando alguna vez se vuelven conocidas— ya no tienen ninguna decisión visible a la cual atribuirse. La distancia entre ambos momentos fue suficiente para que nadie pueda, con certeza, relacionarlos.
Este fenómeno no es un accidente de gestión ni una debilidad pasajera. Es una forma estructural de ejercer el poder. Y tiene nombre, historia y consecuencias que la misma Iglesia ha comenzado —tardíamente— a reconocer.
La herencia que nadie quiso heredar
Para entender por qué el gobierno eclesiástico opera con tanta naturalidad en la opacidad, hay que ir más lejos que la mala voluntad de personas individuales.
La Iglesia heredó las formas de gobierno de la Roma imperial y de las monarquías medievales: estructuras donde el poder se legitimaba por su origen, no por su transparencia.
El rey no explicaba: decretaba. El señor feudal no rendía cuentas: disponía. Cuando esas gramáticas del mando quedaron incrustadas en la estructura episcopal, lo que hoy llamamos opacidad era simplemente la forma normal de gobernar.
A esto se sumó una teología del oficio episcopal que, bien comprendida, es profunda y necesaria, pero que mal administrada se convierte en impermeabilidad.
Si la autoridad del obispo deriva de la sucesión apostólica —es decir, de Dios mismo—, ¿ante quién rinde cuentas en la tierra?
La lógica, llevada al extremo, produce la convicción —a veces inconsciente, a veces deliberada— de que explicar sería una forma de debilitar el oficio, de admitir que el poder necesita justificación humana.
Es una corrupción de la teología. Pero tiene raíces doctrinales reales, y por eso resulta tan difícil de combatir desde adentro.
El poder en la Iglesia Católica lo detentan única y exclusivamente los ministros ordenados, y de manera particular los obispos. Los laicos solo pueden “participar” de ese poder si los obispos tienen a bien concederles tal participación.
Esa arquitectura, trasladada al campo de la información y la comunicación institucional, produce una Iglesia donde la transparencia es una gracia que se otorga, no un derecho que se ejerce.
El desacoplamiento como técnica
Lo más sofisticado del fenómeno no es el silencio puntual. Es el desacoplamiento temporal: la práctica de separar en el tiempo la causa de la decisión, de modo que cuando la decisión se hace visible, su origen ya sea opaco.
Este mecanismo tiene nombre en la teoría organizacional. Las instituciones complejas —estatales, corporativas, eclesiásticas— aprenden a disociar sus decisiones de sus motivaciones reales cuando el costo de la transparencia es demasiado alto.
En el caso de la Iglesia, el costo percibido es siempre el mismo: el escándalo, la pérdida de credibilidad, la apertura de preguntas que generan más preguntas.
Y la Iglesia tiene, a diferencia de la mayoría de las instituciones humanas, un horizonte temporal extraordinariamente largo. Puede esperar. Puede dejar que la memoria colectiva se disuelva.
Puede presentar como “planificación ordinaria” lo que fue respuesta de urgencia a una situación que nadie debía conocer.
El resultado es una forma de gobierno que, para el fiel común, resulta literalmente ilegible: las decisiones existen, los efectos son reales, pero la cadena causal que los conecta está sistemáticamente interrumpida.
Cuando el patrón se vuelve caso
No es necesario recurrir a teorías abstractas para documentar este patrón. La historia reciente de la Iglesia ofrece casos que lo ilustran con una claridad que ningún análisis teológico podría mejorar.
El caso del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, es quizás el más documentado y el más revelador. Las primeras denuncias habrían llegado al Vaticano en 1948, y no se hizo nada. En mayo de 2002, en pleno escándalo global por la pederastia, el Vaticano liberaba a Maciel de toda sospecha.
La respuesta durante las primeras décadas fue de silencio, de encubrimiento y de desprecio hacia las víctimas. No fue un fallo puntual de un funcionario: toda una infraestructura de secretos, silencios y encubrimiento hicieron posibles sus actos oprobiosos. Y esa infraestructura era institucional, no personal.
Lo que hace el caso Maciel especialmente útil como diagrama de funcionamiento es la escala temporal.
El Papa Juan Pablo II lo convirtió en una figura prominente dentro de la Iglesia, lo colocó bajo su protección y lo tuvo a su lado en varios viajes. En 1994 lo nombró consultor permanente de la Congregación para el Clero. Mientras tanto, las denuncias acumuladas durante décadas eran desestimadas.
La decisión de ignorarlas y la de honrarlo públicamente corrían en paralelo, y nadie podía establecer la relación porque los circuitos informativos estaban perfectamente compartimentados.
En América Latina, el patrón se repite con variaciones locales. Casi una década después de que el caso del sacerdote Fernando Karadima rompiera el tabú en Chile, las víctimas se quejan de que el enorme poder institucional de la Iglesia logró consolidar el encubrimiento, diluir la presión mediática y ralentizar la vía judicial.
Latinoamérica, pese a ser la región del planeta con mayor población católica, destaca por tener la menor tasa de denuncias. La correlación no es casualidad: donde mayor es el peso institucional de la Iglesia, más eficaz resulta el mecanismo de silenciamiento.
La ausencia de contrapesos
Ningún sistema de poder se vuelve opaco en el vacío. La opacidad prospera cuando faltan los contrapesos que en otras instituciones obligan a la rendición de cuentas. En un Estado democrático, el poder ejecutivo tiene frente a sí al legislativo, al judicial, a la prensa libre, a la sociedad civil organizada.
Ninguno de esos mecanismos existe en la estructura diocesana ordinaria.
El clericalismo denota un sistema jerárquico-autoritario que puede llevar al sacerdote a adoptar una actitud de dominio sobre los individuos no ordenados, porque ocupa una posición superior en virtud de su ministerio y ordenación.
En ese sistema, el Consejo Presbiteral es consultivo. La Santa Sede interviene raramente y tarde.
Los laicos no tienen mecanismo formal de interpelación. Y quien habla desde adentro sabe —sin necesidad de amenazas explícitas— lo que le espera.
Hay algo más difícil de nombrar pero igualmente real: la cultura del silencio como lealtad.
Dentro de la estructura clerical, denunciar hacia afuera no es solo desobedecer una norma: es traicionar un código de honor corporativo que se llama communio pero funciona, en los momentos críticos, con la lógica del cuerpo cerrado. No requiere coerción organizada. Basta con que todos sepan lo que le ocurre al que habla.
Lo que la Iglesia misma reconoció
Lo notable —y lo que convierte este diagnóstico en algo más que una crítica externa— es que la propia Iglesia ha comenzado a nombrar este problema desde adentro, aunque con una lentitud que es en sí misma parte del problema.
Fue el entonces cardenal Ratzinger quien, en la Semana Santa de 2005, presidiendo el Vía Crucis, pronunció las palabras más brutalmente autocríticas que un alto funcionario de la Iglesia había dicho en décadas: “¡Cuánta suciedad en la Iglesia!… ¡Cuánta soberbia, cuánta autosuficiencia!” Y al orar expresó: “Señor, frecuentemente tu Iglesia nos parece una barca a punto de hundirse“.
Ratzinger señalaba así, con la autoridad de quien conocía los archivos desde adentro, que el problema no era periférico sino estructural.
El mismo Ratzinger, como Benedicto XVI, identificó las prácticas que podrían revertir la corrupción institucional: humildad, autocrítica, justicia, transparencia, purificación.
Son exactamente las virtudes que el modelo opaco sistemáticamente suprime.
El Sínodo sobre la Sinodalidad, convocado por Francisco en 2021 y cerrado en 2024, llevó este reconocimiento al nivel del Magisterio.
El documento final propone una revisión de las normas canónicas que aclare la articulación entre lo consultivo y lo deliberativo, e ilumine las responsabilidades de quienes participan en los procesos de toma de decisiones.
Indica también la necesidad de establecer requisitos de rendición de cuentas, mecanismos de informes regulares y mayores requisitos de transparencia.
Lo que debería causar sorpresa y asombro es que hayamos tenido que esperar a este Sínodo para dejar por escrito algo que, como Iglesia, teníamos que haber tenido como norma de conducta habitual, más cuando nos hemos pasado la vida diciéndole a los demás cómo debían vivir y qué estaba bien o mal.
La observación es irónica, y la ironía es completamente pertinente.
El Papa León XIV ha insistido en que la sinodalidad debe incluir la transparencia y la rendición de cuentas ante todo el Pueblo de Dios. Las palabras están ahí. Lo que queda por ver es si las estructuras seguirán el mismo camino, o si el documento será —una vez más— una causa desacoplada de sus efectos.
La herida que no es menor
No se trata de un problema de administración que podría resolverse con mejores procedimientos. Es un problema eclesiológico en sentido estricto.
Cuando el pueblo de Dios no puede conocer las razones de las decisiones que lo afectan, se viola algo más que un principio de buena gestión: se viola la communio real.
Se convierte a los fieles en súbditos de una institución, no en miembros vivos de un Cuerpo. Y esa inversión —que es teológicamente inaceptable— tiene una consecuencia pastoral directa y medible: la pérdida de confianza.
No en Dios. En la institución.
Esa distinción debería importarle a la jerarquía más que ninguna otra. Es la que separa una crisis de credibilidad de una apostasía. Y es precisamente la que la opacidad, con su lógica de autopreservación institucional, sistemáticamente borra.
La transparencia y la rendición de cuentas sobre la labor pastoral son elementos que nadie puede dejar de lado en una Iglesia sinodal.
Para lograr caminar juntos, para generar actitudes que favorezcan la confianza mutua entre los miembros del Pueblo de Dios, es necesario instaurar la cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas.
Solo así la sinodalidad y la corresponsabilidad se solidifican.
La frase es técnica. Lo que esconde es una pregunta que lleva dos mil años sin respuesta institucional satisfactoria: ¿puede una Iglesia que predica la verdad como camino de salvación gobernar en secreto sin contradecirse a sí misma?
La respuesta correcta es no. El comportamiento histórico mayoritario ha sido sí. Entre esos dos polos vive, incómodo y urgente, el problema del que este artículo trata.
Este artículo forma parte de la línea editorial de investigación eclesiástica de catolic.ar. Las fuentes documentales citadas son de acceso público y verificable.
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