El 26 de marzo de 2026, en España, una joven de 25 años llamada Noelia Castillo Ramos recibió la eutanasia tras una prolongada batalla judicial, después de un padecimiento físico y emocional que ella misma describió como insoportable.
Dos meses después, casi como un eco inevitable, el diputado nacional Esteban Paulón presentó en el Congreso argentino un proyecto de “muerte voluntaria médicamente asistida” que ya suma, junto a otras iniciativas previas, siete expedientes con estado parlamentario en Diputados y uno en el Senado.
El propio Paulón, consultado sobre el consenso social, fue elocuente: dijo que la sociedad argentina “ha resuelto ese debate en términos de acompañar este tipo de ley“.
Conviene detenerse en esa frase, porque ahí está el verdadero diagnóstico de época: no se discute si el dolor humano tiene sentido. Se asume, sin debate previo, que no lo tiene, y que por eso lo único razonable es ofrecer una salida técnica y administrada para terminarlo.
La pregunta que Job se hacía sobre las cenizas, la misma que San Juan Pablo II retomó en Salvifici Doloris, ha sido reemplazada silenciosamente por otra, mucho más pobre: no “¿qué significa este dolor?”, sino “¿cómo lo eliminamos del modo más prolijo posible?”.
Dos respuestas, un mismo miedo
Hay una tesis incómoda que vale la pena poner sobre la mesa: la cultura occidental contemporánea no ha encontrado una respuesta al dolor superior a la de las generaciones anteriores. Ha encontrado, eso sí, dos estrategias muy eficaces para no tener que responder.
La primera es la anestesia generalizada: la convicción de que todo dolor —físico, emocional, existencial— es un error técnico que la ciencia, el consumo o el entretenimiento deben corregir cuanto antes.
No se trata de negar el inmenso bien de la medicina del dolor, los cuidados paliativos o los avances farmacológicos legítimos.
Se trata de algo más sutil: la idea de que ningún sufrimiento merece ser atravesado, solo evitado, y que toda incomodidad —la de un duelo, la de una crisis vocacional, la de envejecer— es síntoma de algo que hay que “resolver” con la rapidez de un clic.
La segunda estrategia, más radical, es la eliminación del que sufre cuando la anestesia ya no alcanza.
Es el paso que Occidente viene dando, país por país, desde que Países Bajos despenalizó la eutanasia en 2002: Bélgica, Luxemburgo, España en 2021, Nueva Zelanda por referéndum, y ahora la Argentina debatiendo simultáneamente siete proyectos en su Congreso.
El argumento siempre es el mismo y siempre suena razonable: autonomía, dignidad, compasión ante el sufrimiento intolerable.
Pero detrás de ese argumento hay una premisa que rara vez se nombra: que hay vidas —o momentos de una vida— que ya no valen la pena ser vividos, y que la sociedad civilizada debe ofrecer una salida eficiente para esos casos.
Ambas estrategias, la anestesia y la eliminación, comparten una misma raíz: el miedo a que el dolor no tenga sentido y, por lo tanto, deba ser combatido únicamente desde afuera, nunca atravesado desde adentro.
Lo que el proyecto Paulón no dice
Los proyectos que hoy se debaten en el Congreso argentino están redactados con un cuidado procedimental notable: evaluaciones interdisciplinarias, comités de garantías, dos solicitudes separadas por al menos quince días, objeción de conciencia individual para los profesionales.
Toda esa arquitectura jurídica busca dar la impresión de control, de límites claros, de que esto nunca se desbordará hacia donde no debe.
La experiencia de los países pioneros sugiere otra cosa.
En Bélgica y Países Bajos, lo que empezó reservado para enfermedades terminales con sufrimiento físico intratable se extendió, con los años, a sufrimientos psíquicos, a menores de edad, a personas con depresión severa pero sin enfermedad terminal alguna.
No porque las leyes fallaran técnicamente, sino porque la lógica de fondo —si el sufrimiento es intolerable y subjetivo, ¿quién soy yo para negarte la salida?— no tiene un punto de detención natural.
Una vez aceptado que la compasión consiste en ayudar a morir, resulta cada vez más difícil explicar por qué esa compasión debería limitarse a unos pocos casos extremos y no extenderse a cualquiera que declare su sufrimiento como insoportable.
Hay además un dato que rara vez aparece en la discusión pública argentina: el mismo proyecto que se presenta como garantía de “autonomía” incluye la prohibición de objeción de conciencia institucional.
Ningún hospital, clínica u obra social religiosa podría negarse, como institución, a ofrecer el procedimiento.
La autonomía que se invoca para el paciente se convierte, al mismo tiempo, en una obligación impuesta sobre instituciones enteras que sostienen una cosmovisión distinta sobre la vida y la muerte. La libertad de unos termina recortando la libertad de otros.
Lo que se pierde cuando se gana este debate
Lo más grave de la eutanasia no es solamente lo que le ocurre a quien la recibe.
Es lo que le ocurre a la sociedad que la normaliza.
Cuando una cultura decide que ciertas vidas, en ciertas condiciones de sufrimiento, son legítimamente terminables con asistencia médica, está enviando un mensaje silencioso pero devastador a todos los que sufren de manera crónica, a los que viven con discapacidad severa, a los ancianos que ya no producen, a los enfermos terminales que todavía respiran: tu existencia, en este estado, es objetivamente prescindible.
No hace falta que nadie lo diga en voz alta. La ley misma lo dice por todos.
Esto es exactamente lo opuesto al gesto del Buen Samaritano que Juan Pablo II retoma en Salvifici Doloris: detenerse junto al que sufre, no para resolverlo administrativamente, sino para acompañarlo hasta el final, sosteniendo con la propia presencia que esa vida, herida y todo, sigue siendo digna de cuidado.
La cultura de la eutanasia invierte la parábola: en lugar de quedarse, ofrece un atajo elegante para que el problema —es decir, la persona que sufre— deje de estar ahí.
La pregunta que ninguna ley puede responder
Ningún proyecto de ley, por más comités de evaluación que incluya, puede responder la pregunta de fondo que cada persona que sufre intensamente se hace tarde o temprano: ¿tiene sentido seguir?
Esa pregunta no es jurídica ni médica. Es existencial, y solo admite dos tipos de respuesta. Una es la del materialismo consecuente: no, no tiene sentido, así que lo razonable es ofrecer una salida limpia.
La otra es la que el cristianismo, desde Job hasta la Cruz, viene sosteniendo desde hace tres mil años: sí, tiene sentido, no porque el dolor en sí mismo sea bueno —nunca lo es—, sino porque puede ser atravesado en compañía, unido a un Dios que no evitó el sufrimiento sino que lo asumió hasta el final, y que por eso puede acompañar a cualquiera que lo transite.
La verdadera alternativa a la eutanasia, entonces, no es la prohibición fría de una ley distinta.
Es la presencia concreta: cuidados paliativos accesibles para todos —que en Argentina siguen siendo escasos e inequitativos, mientras el debate legislativo se concentra en regular la muerte y no en garantizar el acompañamiento—, redes familiares y comunitarias que no abandonen al enfermo a la soledad de una decisión “autónoma”, y una Iglesia que no se limite a condenar la ley sino que multiplique, en cada parroquia, gestos reales de compañía hacia quien sufre.
Decir que no a la eutanasia sin ofrecer nada en su lugar es, en el fondo, otra forma de abandono.
La pregunta que Occidente tiene pendiente no es solo “¿debemos legalizar la muerte asistida?”.
Es esta, mucho más exigente: ¿estamos dispuestos, como sociedad y como Iglesia, a acompañar el dolor hasta el final, en lugar de ofrecer salidas administrativas para no tener que mirarlo de frente?
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