El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la condena de seis años de prisión a Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Lo que se cerró ese día fue otra cosa: la ilusión del relato, la obstinada negación de la realidad, el intento de reinventarse como víctima cuando se ha sido protagonista del saqueo institucional más sostenido de la democracia argentina.
Desde su sector político aún se habla de “proscripción”, de “persecución” y de “lawfare”, ignorando que el fallo fue confirmado por la instancia más alta del Poder Judicial, con un proceso que duró más de diez años y múltiples instancias de apelación. No fue un juicio exprés, sino uno de los más garantistas que se recuerden. Sin embargo, en ciertos núcleos militantes se insiste con teorías conspirativas y reinterpretaciones místicas de los hechos.
Pero lo que está en juego no es el futuro político de una sola dirigente, sino la posibilidad de que Argentina reencuentre alguna vez un camino de dignidad pública.
I. El desmoronamiento de un mito
Durante más de dos décadas, Cristina Fernández de Kirchner construyó —y encarnó— un relato de épica y pueblo, de derechos humanos y justicia social, que caló hondo en vastos sectores. Pero ese relato convivió con otras realidades paralelas: la acumulación de poder sin control, el uso discrecional de fondos públicos, el enriquecimiento de amigos, testaferros y familiares, y una red de corrupción estructural que se desplegó en múltiples niveles del Estado.
La causa Vialidad, por la que fue condenada, es apenas una entre muchas. Lázaro Báez, el empresario favorecido sistemáticamente por su gobierno, no era un funcionario ni un aliado político: era el rostro privado de un mecanismo de vaciamiento público. Lo que se juzgó no fue un tecnicismo contable, sino el corazón mismo de una matriz de corrupción sistémica.
Negar esta realidad, en nombre de supuestas operaciones políticas, es negarle a la Argentina la posibilidad de reconstruirse.
II. La respuesta del poder: victimización y estrategia electoral
A pesar de la condena, sectores del kirchnerismo trabajaron para reinstalar a Cristina en el centro del escenario electoral. Algunos todavía,impulsan su candidatura simbólica o su rol como gran electora; otros intentan posicionarla como mártir de una democracia ficticiamente amenazada.
Pero la sentencia, ahora firme, lo impide jurídicamente: Cristina no podrá ser candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires ni ocupar cargos electivos mientras la condena esté vigente.
Lejos de un gesto de autocrítica o reparación, se refuerza la lógica binaria del “ellos o nosotros”, como si el fallo judicial fuera parte de una guerra épica y no la conclusión de un debido proceso. Se instrumentaliza la memoria del pueblo, se manipulan las emociones colectivas, y se postergan las reformas de fondo.
Argentina necesita mucho más que una nueva figura carismática: necesita una refundación moral del vínculo entre la ciudadanía y el poder. Y eso no puede lograrse desde la mentira ni el cinismo.
III. El saqueo como modelo de Estado
Sin caer en reduccionismos moralistas, hay una verdad que clama: la corrupción estructural en la Argentina no ha sido un accidente, sino un sistema operativo del poder. Desde los noventa hasta hoy, pasando por el kirchnerismo y los gobiernos subsiguientes, se consolidó una cultura del privilegio, del acomodo y del uso partidario del Estado.
La política dejó de ser servicio público para convertirse en vehículo de ascenso económico. Los cargos se convirtieron en botines. Los subsidios, en premios clientelares. Y el dinero público, en caja privada de campañas, amigos y familiares.
Cristina no es la única culpable, pero su figura sintetiza como pocas esa lógica de impunidad compartida. Y por eso su condena duele, sacude, divide. Porque desenmascara no solo a una persona, sino a un modelo cultural.
IV. Una herida abierta que exige verdad
La sentencia no solo cierra un ciclo nacional: se inscribe en una serie de episodios que, en América Latina, exponen la tensión entre liderazgos carismáticos y el sistema institucional. Desde Brasil a Perú, pasando por Ecuador, el debate sobre la corrupción, la judicialización de la política y la politización de la justicia ha sido ineludible. Pero en Argentina, el caso de Cristina Kirchner destaca por su duración, su densidad simbólica y la profundidad de sus implicancias.
En términos jurídicos, la condena es inapelable. En términos políticos, el interrogante es más profundo: ¿puede una sociedad reconstruirse sobre bases éticas tras décadas de deterioro institucional?
La respuesta no vendrá de los slogans ni del marketing político, sino de una conversión moral de fondo. Y no solo de los dirigentes: de los empresarios que pagan coimas, de los sindicalistas que las reciben, de los periodistas que callan y de los ciudadanos que naturalizan el saqueo.
El desafío es inmenso. Pero como decía Benedicto XVI en Spe Salvi, hay una esperanza que no defrauda: la que nace de la verdad. Y no hay justicia duradera sin verdad compartida.
Nota al pie: La condena fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina el 10 de junio de 2025. Cristina Fernández de Kirchner fue hallada culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa Vialidad. La pena implica seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
