Una reflexión desde la fe católica sobre el fracaso de cuarenta años de políticas sociales, la responsabilidad del Estado, y lo que la Iglesia todavía no se ha atrevido a decir

Por Néstor Ojeda – Catolic.ar

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Hay palabras que de tanto repetirse pierden su carne. ‘Pobreza’ es una de ellas.

Se la menciona en discursos, en estadísticas, en planes de gobierno, en documentos episcopales, en campañas electorales y en homilías dominicales. Se la mide, se la grafica, se la combate —según dicen— y sin embargo permanece, generación tras generación, con una tenacidad que debería avergonzarnos a todos: al Estado que promete erradicarla, a los economistas que diseñan los planes, y también a la Iglesia que la denuncia con la boca mientras convive con ella como si fuera parte del paisaje.

Este artículo no pretende ofrecer fórmulas mágicas. Pretende algo más incómodo: mirar de frente una realidad que en Argentina afecta a millones de personas, y en el mundo a más de setecientos millones que sobreviven con menos de dos dólares y medio por día, y preguntarse con honestidad por qué décadas de políticas sociales, transferencias monetarias y declaraciones de buenas intenciones no han podido, en lo sustancial, modificar ese cuadro.

La respuesta tiene que ver con un error de diagnóstico que es, en el fondo, un error antropológico. Y ahí es donde la fe católica tiene algo que decir que ningún partido político, ningún organismo internacional y ninguna academia puede decir con la misma profundidad —siempre que se anime a decirlo.

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El fracaso silencioso de cuarenta años

Desde la recuperación democrática en 1983, la Argentina implementó sucesivas políticas sociales con nombres distintos y lógicas similares: transferir recursos a los sectores más vulnerables para aliviar las consecuencias más urgentes de la pobreza. El Bono Solidario, el Plan Trabajar, el Plan Jefas y Jefes de Hogar, la Asignación Universal por Hijo, el Potenciar Trabajo, y decenas de programas provinciales y municipales que se superpusieron, se duplicaron y se contradicieron entre sí.

Los resultados son conocidos: en los mejores momentos del ciclo económico, la pobreza bajó. En los peores, subió. Pero la línea de base —el piso estructural por debajo del cual la pobreza no cede— nunca bajó de manera sostenida. Hoy, según las estimaciones más rigurosas, más de cuatro de cada diez argentinos son pobres. Hay familias en las que tres generaciones consecutivas nunca tuvieron un miembro con empleo formal estable. Eso no es un problema coyuntural. Es una herencia transmitida.

El error no estuvo en el corazón de quienes diseñaron esas políticas. La mayoría de ellas nació de una genuina preocupación por el sufrimiento ajeno. El error estuvo en confundir el alivio con la solución, el parche con la cura, la transferencia monetaria con la promoción humana.

Un médico que solo administra analgésicos a un paciente con un tumor no está curando: está gestionando el dolor. Cuarenta años de política social argentina administraron el dolor. El tumor sigue ahí.

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El problema es antropológico antes que económico

La economía tiene sus propias categorías para explicar la pobreza: falta de capital humano, baja productividad, informalidad laboral, exclusión del crédito, concentración del ingreso. Todas esas categorías son reales y útiles. Pero ninguna llega al fondo de la cuestión porque ninguna responde la pregunta decisiva: ¿qué es una persona pobre?

Para la economía convencional, una persona pobre es alguien cuyos ingresos no alcanzan para cubrir una canasta básica de bienes. Para las metodologías multidimensionales más sofisticadas —como el Índice de Pobreza Multidimensional del PNUD, inspirado en el economista Amartya Sen—, una persona pobre es alguien privado de capacidades fundamentales: educación, salud, vivienda digna, participación social. Ambas definiciones mejoran la comprensión del fenómeno. Ninguna lo agota.

La fe católica ofrece una categoría que las trasciende a ambas: la persona es un ser creado a imagen y semejanza de Dios, dotado de dignidad intrínseca e inalienable, llamado a desarrollarse en comunidad según su vocación específica. La pobreza, desde esta perspectiva, no es solo escasez de bienes materiales ni privación de capacidades: es la ruptura de las condiciones que permiten a una persona vivir según esa dignidad. Es la imposibilidad de ser quien se está llamado a ser.

Esta definición tiene consecuencias prácticas enormes que la política social rara vez incorpora. Una persona puede superar la línea de pobreza monetaria y seguir viviendo en condiciones que niegan su dignidad: sin redes de pertenencia, sin horizonte de sentido, sin posibilidad real de contribuir a algo más grande que la propia supervivencia. Y, a la inversa, una persona puede vivir con recursos materiales muy limitados sin ser, en el sentido más profundo, pobre —si cuenta con familia, comunidad, Fe y vocación que le otorguen sentido y arraigo.

Esto no es un argumento para relativizar la pobreza material. Es un argumento para entender que combatirla solo desde lo material es insuficiente. La persona es más que su bolsillo.

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Las estructuras de pecado: lo que Juan Pablo II ya dijo

En 1987, Juan Pablo II publicó Sollicitudo Rei Socialis, una encíclica social de una lucidez que cuarenta años de debates políticos no han superado. Allí introdujo con toda precisión el concepto de ‘estructuras de pecado’: configuraciones institucionales, económicas y culturales que perpetúan la injusticia más allá de la voluntad de los individuos que las habitan.

Una estructura de pecado no requiere que nadie sea malvado. Puede estar compuesta por personas bien intencionadas que, al moverse dentro de las reglas del sistema, reproducen el daño. El mercado laboral informal argentino es una estructura de pecado en ese sentido preciso: ningún empleador informal se considera un explotador, ningún trabajador informal se considera resignado, pero el sistema en su conjunto excluye a millones de la protección social, la jubilación, la salud laboral y la posibilidad de acumular historia previsional.

Lo mismo puede decirse del sistema educativo que deserta de los barrios más vulnerables en el momento en que más se lo necesita, del sistema de salud que satura sus guardias con emergencias que son el resultado previsible de la pobreza crónica, del sistema político que capitaliza electoralmente la dependencia de los planes sociales sin resolver las causas que hacen necesarios esos planes.

Nombrar estas estructuras con el lenguaje del pecado social no es hacer demagogia religiosa. Es hacer lo que los profetas hacían: llamar a las cosas por su nombre. Y es también reconocer que ninguna política técnica, por bien diseñada que esté, puede sola con la transformación estructural. Hace falta conversión —personal y colectiva.

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Qué debe hacer el Estado: más allá del asistencialismo

El Estado tiene responsabilidades ineludibles frente a la pobreza. La Doctrina Social de la Iglesia es clara en esto: el principio de subsidiariedad no significa que el Estado se retire, sino que actúa donde las instancias menores no pueden. Y ante la pobreza estructural, la instancia menor —la familia, la comunidad, la parroquia, la organización de base— no puede sola.

Pero hay una diferencia fundamental entre un Estado que asiste y un Estado que promueve. El Estado asistencialista entrega recursos para aliviar el síntoma.

El Estado promotor construye las condiciones para que la persona pueda desarrollarse por sus propios medios. En la práctica, la Argentina ha tenido décadas del primero y muy poco del segundo.

¿Qué significa un Estado promotor en términos concretos?

Primero, educación de calidad real en los contextos de mayor vulnerabilidad, que no se limite a la escolarización formal sino que incluya formación técnica, habilidades de vida y desarrollo del pensamiento crítico.

Segundo, formalización del mercado laboral como política de Estado sostenida en el tiempo, reduciendo los costos que incentivan la informalidad sin desproteger al trabajador.

Tercero, acceso real al crédito productivo para los sectores de bajos ingresos, no el crédito de consumo usurario que hoy los endeuda para sobrevivir el mes.

Cuarto, inversión en infraestructura básica —agua, cloacas, transporte, conectividad— en los territorios donde la pobreza se concentra geográficamente.

Todo esto requiere tiempo. No un período presidencial: generaciones. Y ahí está uno de los nudos centrales del problema argentino: el país cambia de modelo económico cada ocho o doce años, y ninguna política social de largo plazo puede madurar en ese contexto de volatilidad institucional. La pobreza estructural exige políticas estructurales, y las políticas estructurales exigen acuerdos que trascienden los ciclos electorales. Sin ese acuerdo mínimo entre las fuerzas políticas, cada gobierno comienza desde cero y la pobreza espera, paciente, al próximo ciclo.

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Qué debe hacer la Iglesia: la pregunta que nadie hace

La Iglesia Católica en Argentina tiene una presencia territorial que ningún otro actor —estatal, privado o civil— puede igualar. Está en los barrios donde el Estado no llega. Tiene comedores, escuelas, dispensarios, centros de formación.

Tiene la confianza de comunidades que desconfían de casi todo lo demás.

Tiene, sobre todo, una doctrina social elaborada durante más de ciento treinta años que ofrece una visión integral del ser humano y de la sociedad que ninguna ideología política puede igualar en profundidad.

Y sin embargo, hay que decirlo con la claridad que la caridad exige: la Iglesia argentina ha sido más asistencialista que promotora, más caritativa que profética, más acompañante de la pobreza que transformadora de sus causas.

El comedor parroquial es una respuesta necesaria y urgente. Nadie en su sano juicio lo cuestionaría. Pero si el comedor parroquial existe hace treinta años en el mismo barrio, con las mismas familias o con sus hijos y nietos, y nunca se preguntó por qué esas familias siguen necesitando el comedor, entonces algo está mal. No en el corazón de las personas que lo sostienen con amor y sacrificio, sino en la visión estratégica de la institución.

Cáritas Argentina hace un trabajo notable y silencioso. Pero Cáritas, por sí sola, no puede hacer lo que solo la Iglesia como institución con voz pública puede hacer: interpelar al poder político con la autoridad moral que le otorga su presencia en los territorios de pobreza.

¿Cuándo fue la última vez que la Conferencia Episcopal Argentina publicó un documento que interpelara con nombre y apellido las políticas concretas que reproducen la pobreza estructural?

No la pobreza en abstracto —eso se hace con relativa frecuencia— sino las políticas específicas, los presupuestos asignados, las leyes que favorecen la informalidad, los sistemas impositivos que desprotegen a los más vulnerables.

El profetismo bíblico no operaba en abstracto.

Los profetas —Amós, Isaías, Jeremías— nombraban a los responsables, señalaban las injusticias concretas, incomodaban al poder de su tiempo con una precisión que no dejaba salida cómoda. La Iglesia tiene esa misma misión profética. En Argentina, rara vez la ejerce con esa radicalidad.

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El capital social: lo que ni el Estado ni el mercado pueden dar

Hay algo que la economía convencional llama ‘capital social’ y que la teología llama, con más precisión, comunidad.

Es el tejido de relaciones de confianza, reciprocidad y pertenencia que permite a una persona sostenerse cuando todo lo demás falla.

Los estudios más sólidos sobre movilidad social —los de Raj Chetty en Estados Unidos, los de investigadores como Florencia Torche en América Latina— muestran que el capital social es uno de los predictores más potentes de salida de la pobreza.

Más que el nivel de ingreso inicial, más que la educación formal, importa en quién confías, con quién te casas, qué redes tienes para encontrar trabajo, quién cuida a tus hijos cuando vos trabajás.

La pobreza destruye capital social. No solo porque empobrece las redes de relaciones, sino porque genera desconfianza, fragmentación y repliegue. Una familia que lleva tres generaciones en situación de vulnerabilidad ha visto fracasar suficientes promesas —del Estado, del mercado, de las instituciones— como para no creer en ninguna nueva. Esa desconfianza generalizada es uno de los obstáculos más difíciles de superar, y ninguna transferencia monetaria la resuelve.

Aquí es donde la Iglesia tiene una ventaja comparativa que no debería subestimar: su capacidad de construir comunidad. La parroquia, la comunidad de base, el grupo de jóvenes, el movimiento laical bien arraigado en el territorio, son espacios donde se reconstruye el tejido social que la pobreza destroza. Eso no es un sustituto de la política pública: es su condición de posibilidad. Una persona que tiene comunidad puede esperar el tiempo que requieren las políticas de largo plazo. Una persona que no tiene nada no puede esperar nada.

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La trampa de la dependencia y la dignidad del trabajo

Uno de los debates más incómodos —y más necesarios— dentro de la discusión sobre pobreza en Argentina es el de la dependencia. No se trata de un debate ideológico entre los que quieren ‘sacar los planes’ y los que los defienden: es un debate sobre condiciones humanas fundamentales.

El trabajo no es solo un medio para obtener ingresos. Es, en la visión católica articulada desde Laborem Exercens de Juan Pablo II, una dimensión constitutiva de la persona humana: el modo en que el ser humano se hace partícipe de la obra creadora de Dios, transforma el mundo y se transforma a sí mismo en el proceso. Una sociedad que priva a amplios sectores de su población del acceso al trabajo digno no solo los empobrece económicamente: los priva de una dimensión de su humanidad.

Los sistemas de transferencias monetarias, cuando no están diseñados como puente explícito hacia el trabajo formal, pueden convertirse involuntariamente en obstáculos para ese puente. No porque los beneficiarios sean cómodos o flojos —ese es un prejuicio que hay que rechazar con firmeza— sino porque el sistema de incentivos que crean puede hacer que aceptar un trabajo formal implique perder la cobertura social que el plan garantizaba. Ese es un problema de diseño institucional, no de moral individual.

La solución no es eliminar las transferencias: es rediseñarlas para que el paso al trabajo formal sea gradual, protegido y económicamente razonable. Es construir el puente real que las declaraciones políticas prometen y que los presupuestos raramente financian.

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Propuestas concretas: un horizonte posible

Después de todo lo dicho, sería deshonesto terminar sin propuestas. No recetas mágicas —esas no existen— sino horizontes de acción que articulen la visión integral que la fe propone con las posibilidades reales de la política pública y de la acción eclesial.

Desde el Estado, se necesita ante todo un pacto político de largo plazo sobre las políticas sociales básicas —educación, salud, vivienda, formalización laboral— que no se revierta con cada cambio de gobierno. Ese pacto es políticamente difícil y sin embargo es la única manera de que las políticas de largo plazo tengan el tiempo para madurar. Se necesita también una reforma del sistema de transferencias que las convierta explícitamente en trampolines hacia el trabajo formal, con acompañamiento real —no burocrático— de las personas en transición. Y se necesita inversión masiva y sostenida en la primera infancia: los primeros mil días de vida determinan trayectorias que las políticas posteriores apenas pueden modificar.

Desde la Iglesia, se necesita recuperar la dimensión profética en su sentido más preciso: nombrar las injusticias estructurales con la autoridad que otorga la presencia territorial, sin miedo a incomodar al poder de turno, cualquiera sea su signo.

Se necesita también una revisión honesta de la propia acción social: ¿cuántos de nuestros programas de asistencia incluyen itinerarios explícitos de promoción humana? ¿Cuántos comedores tienen anexos de formación laboral, de alfabetización digital, de acompañamiento en la búsqueda de empleo? La caridad que no aspira a hacerse innecesaria no es caridad cristiana plena: es gestión del dolor.

Se necesita también que la Iglesia forme a sus laicos —catequistas, agentes de pastoral social, jóvenes comprometidos— en el conocimiento de la Doctrina Social con la misma seriedad con que los forma en la liturgia o en la teología moral. La DSI no es un apéndice de la fe: es su aplicación histórica más urgente.

Y se necesita, sobre todo, que la Iglesia recuerde —y recuerde al mundo— que la pobreza no es un problema técnico con solución técnica. Es un problema espiritual antes que económico: el resultado de una concepción del ser humano que lo reduce a unidad de producción y consumo, y que niega su vocación a la comunión, a la gratuidad y a la trascendencia.

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Conclusión: convertir, no solo combatir

La frase que circula en el debate público —’combatir la pobreza’— delata ya en su elección de palabras una visión reduccionista. Se combate a un enemigo externo.

La pobreza no es un enemigo externo: es el resultado de estructuras humanas que pueden y deben ser transformadas, pero que solo pueden serlo si hay una transformación en la manera en que los seres humanos se conciben a sí mismos y conciben su relación con los demás.

El Evangelio tiene una palabra para esa transformación: conversión. No en el sentido moralizante y superficial que a veces se le da, sino en el sentido más radical: un cambio de dirección de la mirada, un reordenamiento de las prioridades, una apertura a la realidad del otro que interrumpe la lógica del propio interés y abre la posibilidad de la solidaridad auténtica.

Esa conversión es la que ninguna política pública puede imponer pero que la Iglesia tiene el mandato de proponer. No como alternativa a las políticas públicas —necesitamos ambas cosas— sino como su condición de posibilidad más profunda. Una sociedad que no se convierte en su corazón puede redistribuir recursos sin transformar estructuras. Una sociedad que se convierte descubre que la pobreza del otro es también propia pobreza, y que la única respuesta verdadera no es la compasión a distancia sino la solidaridad que cambia la propia vida.

Eso es lo que la Iglesia tiene para decir. El mundo, también en Argentina, está esperando que lo diga.

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