En la Argentina de hoy, hay un sufrimiento que no sale en los titulares. No se ve en las portadas de los diarios ni es tema habitual de los debates televisivos. Es silencioso, cotidiano y estructural: el de miles de personas que no pueden acceder a los medicamentos que necesitan para vivir. No por falta de diagnósticos, ni por negligencia médica, sino por una red densa y opaca de intereses económicos, privilegios empresariales, pasividades institucionales y silencios cómplices.
Por Néstor Ojeda
Un mercado cautivo
El sistema farmacéutico argentino se mueve dentro de una estructura que muchos especialistas no dudan en calificar como cuasi monopólica. Pocas empresas concentran la mayor parte del mercado, acordando de forma implícita o explícita precios, distribución y cuotas de comercialización. Esto no es una simple sospecha. Diversos informes, tanto locales como internacionales, han alertado sobre la falta de competencia real, la cartelización solapada y la fijación de precios desconectada del costo real de producción.
Detrás de las patentes, los nombres comerciales y los prospectos de laboratorio, hay un negocio multimillonario que se alimenta de una necesidad básica: la salud. El precio de un medicamento esencial puede variar hasta 700% entre marcas que contienen exactamente el mismo principio activo. ¿Por qué? Porque el mercado lo permite. Porque el Estado no lo regula eficazmente. Porque los organismos que deberían controlar muchas veces miran para otro lado.
La sobreprescripción: una práctica habitual, peligrosa y rentable
En este contexto, una práctica silenciosa se ha vuelto norma: la sobreprescripción. Médicos que recetan más de lo necesario. Pacientes que reciben fármacos que no necesitan. Tratamientos que se inician sin evidencia clínica suficiente. Y todo esto tiene un costo, no solo económico sino también humano.
La sobreprescripción puede responder a múltiples causas: formación insuficiente, presiones laborales, demandas sociales… pero también, y no menos importante, a la influencia directa o indirecta de ciertos actores del sector farmacéutico. Algunos informes denuncian la existencia de incentivos, regalos, viajes o “apoyos” académicos que terminan condicionando la libertad y honestidad prescriptiva.
Pero lo más grave es que estas prácticas son conocidas. Muchos las han visto. Muchos las viven desde dentro del sistema. Y sin embargo, pocos las denuncian. Menos aún las enfrentan.
Obras sociales asfixiadas y pacientes desprotegidos
En este esquema, las obras sociales —especialmente las más pequeñas o sindicales— intentan sobrevivir al torbellino de los precios inflados, los medicamentos exclusivos y la demanda creciente. Algunas logran negociar, otras quedan atrapadas entre la necesidad de dar cobertura y la imposibilidad de sostener financieramente tratamientos impagables.
El resultado: pacientes con enfermedades crónicas que no pueden acceder a sus terapias, familias que deben elegir entre comer o comprar una caja de comprimidos, jubilados que estiran sus pastillas porque no saben cuándo podrán volver a comprarlas.
Un pecado estructural: la indiferencia como complicidad
No estamos ante casos aislados. Estamos ante una estructura de pecado social, donde los intereses económicos se imponen sobre la dignidad humana. Donde la salud se convierte en un privilegio y no en un derecho. Donde el silencio de los que saben y no hablan, de los que ven y no actúan, de los que pueden regular pero no lo hacen, se vuelve parte del problema.
¿Cómo es posible que un medicamento que salva vidas cueste más que un salario mínimo? ¿Cómo se explica que los mismos principios activos sean hasta cinco veces más baratos en países vecinos? ¿Por qué el Estado no actúa con firmeza? ¿Qué vínculos ocultos atan a reguladores, distribuidores y prescriptores?
Hacia una conciencia activa
Esta nota busca abrir los ojos. Porque la salud no puede ser solo una mercancía. Porque detrás de cada receta, de cada etiqueta y de cada sobreprecio, hay una vida, una historia, una familia.
Es tiempo de que médicos, farmacéuticos, funcionarios y ciudadanos de a pie rompamos el pacto de silencio. La complicidad puede ser activa, pero también puede ser pasiva. Y cuando se trata de salud, el silencio también mata.
Recientemente el gobierno argentino ha implementado un plan para reducir los precios de los medicamentos a través de la Disposición 1741/2025 (14/03/25), publicada en el Boletín Oficial, seguramente no alcanza, pero puede ser un principìo, de que otros sectores de la sociedad, con capacidad de acción, legisladores nacionales, obras sociales, ong, y otros actores y referentes sociales, puedan incidir, y mantener la visibilidad y permanencia de este tema, en la opinión pública.
Seguramente que habrá presiones de todo tipo, para que nada cambie, o a lo sumo aceptarán pequeños cambios, en la situación actual, pero en definitiva, todo seguirá igual
Pero insistir, luchar pacífica y insistemente, incluso con movilizaciones, aunque puedan surgir amenazas o algo más. . .es un riesgo que vale la pena correr, si queremos vivir en un sociedad más justa e igualitaria.
La disposición 1741/2025, impulsada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), busca fomentar la producción nacional y la competencia en el sector farmacéutico.
Detalles del plan:
- Promoción de la producción local:El plan busca incentivar que los laboratorios locales produzcan medicamentos, especialmente aquellos de alto impacto y actualmente monopolizados por empresas extranjeras.
- Fomento de la competencia:Se pretende aumentar la competencia en el mercado farmacéutico para generar alternativas más accesibles y reducir precios.
- Biosimilares:La ANMAT está impulsando la producción de medicamentos biosimilares, que son alternativas más económicas a los fármacos biológicos originales, sin comprometer la calidad, seguridad o eficacia del tratamiento.
- Acceso a tratamientos:Se busca asegurar el acceso a tratamientos esenciales para la población, especialmente para aquellos en situación de vulnerabilidad, a través de la distribución gratuita de ciertos medicamentos.
- Actualización de normas:El plan también incluye la necesidad de actualizar las normas y legislación vigente para adaptarse a los avances tecnológicos y a la introducción de nuevos productos biotecnológicos.
Ejemplo de impacto:
La introducción de un biosimilar de pembrolizumab, desarrollado por el laboratorio Elea, permitió una reducción del 60% en el precio de este medicamento utilizado en tratamientos contra el cáncer.
©Catolic.ar
