La agonía de Granja Tres Arroyos y el grito que nadie escucha

Una crónica de dignidad herida, justicia ausente e Iglesia convocada

En Concepción del Uruguay, ciudad que lleva en su nombre el sello de la historia y la fundación de una nación, algo se rompió en silencio.

No fue el ruido de una explosión ni el estrépito de una catástrofe visible. Fue el crujido sordo de cerca de 950 trabajadores que amanecieron el martes 26 de mayo encontrando cadenas y candados en las puertas de su lugar de trabajo, y un cartel que decía: “El establecimiento permanecerá cerrado por tiempo indeterminado y hasta nuevo aviso. El directorio.”

Nada más. Sin llamado previo. Sin negociación. Sin nombre. Solo las cadenas, y el silencio.

Las cadenas en la puerta

Esa mañana del martes 26 de mayo, los trabajadores de la planta avícola La China, perteneciente al grupo Granja Tres Arroyos (GTA S.A.) en Concepción del Uruguay, se encontraron con algo que no esperaban: los accesos cerrados con cadenas y candados. Uno de ellos declaró a los medios locales: “No puede entrar nadie.” Otro agregó: “No nos avisaron nada.”

La empresa había comunicado formalmente el cierre por tiempo indeterminado, pero no a sus trabajadores directamente: lo hizo a través de ese cartel en la puerta y de un comunicado institucional difundido a la prensa.

En ese texto, GTA culpó a los sindicatos de la decisión y sostuvo que el cierre respondía a los “constantes conflictos gremiales que paralizaron sus operaciones generando un quiebre en la cadena de producción avícola de la región.”

La empresa describió en su comunicado lo que, según su versión, ocurrió en los últimos meses dentro de la planta:

“En la planta de Concepción del Uruguay se registraron en los últimos meses medidas sindicales inflexibles y desproporcionadas que afectaron la previsibilidad operativa, con trabajadores en constante paro, trabajo a desgano y un altísimo nivel de ausentismo. Además, se reportaron actitudes violentas y bloqueo por parte de algunos responsables sindicales hacia los trabajadores que manifestaban su voluntad de trabajar para sostener el funcionamiento de la planta y preservar sus fuentes de trabajo. Luego de agotar todas las instancias posibles de diálogo y ante la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad para operar, la compañía se vio forzada a tomar la difícil decisión de cerrar la planta por tiempo indeterminado.” — Comunicado oficial de GTA S.A., 26 de mayo de 2026

Esta versión merece ser consignada, como lo exige la honestidad periodística. Y también merece ser confrontada con los hechos documentados, como lo exige la misma honestidad.

Los hechos son estos: durante meses, los trabajadores aceptaron reducir sus jornadas a cuatro días semanales, percibir el 65% del salario los lunes sin faena, tolerar pagos fraccionados y retrasados, y aguardar promesas de normalización que no se cumplieron.

Al momento del cierre, la empresa adeudaba a su personal el 70% de la segunda quincena de abril y la totalidad de la primera quincena de mayo. Es decir: dos quincenas prácticamente enteras sin pagar.

Cuando los hombres y las mujeres que construyeron esa empresa con sus manos deciden que ya no pueden seguir cediendo en esas condiciones, la respuesta que reciben es un comunicado que los llama “inflexibles” y unas cadenas en la puerta. Eso también es un hecho. Y también merece ser nombrado.

El calvario tiene fechas, nombres y números verificados

La crisis de Granja Tres Arroyos no es un estallido repentino. Es una agonía administrada en cuotas que lleva meses, y en algunos aspectos más de una década, destruyendo vidas, fuentes laborales y comunidades enteras. Los hechos están documentados con precisión en múltiples fuentes periodísticas y registros oficiales.

Diciembre de 2024: la empresa solicita ante la Secretaría de Trabajo de la Nación la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis. El expediente se abre pero nunca llega a aprobarse formalmente.

Los argumentos: el impacto de la influenza aviar y la pérdida del mercado chino, que implicó para el sector una caída de aproximadamente USD 160 millones en exportaciones. La participación del mercado chino en las exportaciones de GTA cayó del 33% al 25%, obligando a redirigir producción al mercado local a precios menores.

Enero de 2026: la planta La China vive el cese de actividades más prolongado desde 2001, con más de diez días sin actividad por falta de pago de haberes, bonos y aguinaldo de diciembre. El conflicto se desbloquea por intervención directa del gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno y Trabajo Manuel Troncoso, que solicitan la mediación de la Secretaría de Trabajo provincial. Los trabajadores vuelven, confían, esperan.

Noviembre de 2025: cierre definitivo de la planta Becar en Concepción del Uruguay. Los 270 trabajadores son trasladados a La China, a metros de distancia. La empresa promete normalizar los pagos. No lo hace.

Febrero de 2026: el Banco Central de la República Argentina registra que GTA acumula $29.333.390.645 en 1.813 cheques rechazados por falta de fondos.

La subsidiaria Wade S.A. (ex Cresta Roja) suma $6.026.096.656 en 615 cheques impagos. La deuda total del grupo supera los $35.000 millones. Confederaciones Rurales Argentinas alerta que miles de aves de los productores integrados están a punto de morir por falta de alimento.

Marzo de 2026: los trabajadores de La China inician huelga al cobrar apenas el 25% del salario.

El volumen de procesamiento del grupo cae de 700.000 pollos diarios a menos de 200.000 en todo el país. En la planta de La Lonja (Pilar, Bs. As.) suspenden 200 trabajadores por 180 días con reducción salarial al 50%.

Mayo de 2026: los trabajadores reciben solo el 20% de la quincena de abril, mientras la empresa acumula sin pagar el 70% de esa quincena y la totalidad de la primera quincena de mayo. Paralizan la entrada y salida de camiones. El sindicato confirma que la situación se replica en Río Cuarto con cesación de pagos, problemas con granjeros y transportistas. La planta estuvo cerca del corte de energía eléctrica por deuda con ENERSA. Los representantes gremiales viajan a Buenos Aires para reunirse con las autoridades de la empresa: no son recibidos.

26-27 de mayo de 2026: cadenas y candados en la puerta de La China.

Comunicado empresarial que culpa al sindicato. 950 trabajadores sin saber qué será de ellos. Este miércoles 27, los empleados se reúnen en las inmediaciones de la planta cerrada para reclamar la reapertura.

El balance del deterioro es elocuente. La planta supo emplear cerca de 1.500 personas. Hoy quedan 950. En los últimos meses se eliminaron unos 400 puestos mediante retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y desvinculaciones directas. La planta de Tristán Suárez (Bs. As.) fue cerrada y 200 de sus 270 operarios fueron desvinculados.

Un dato que la mayoría de los medios nacionales omite: desde 2022, el 34% de Granja Tres Arroyos pertenece al gigante estadounidense Tyson Foods, con versiones de posible compra total del paquete accionario que hasta ahora ninguna parte ha confirmado.

El dolor que no sale en los noticieros

Mientras esto sucedía, los grandes canales de televisión de Buenos Aires hablaban de otras cosas. Las crisis del interior profundo rara vez perforan la burbuja mediática del AMBA, salvo cuando escalan a cortes de rutas estratégicas o involucran una catástrofe de gravedad institucional inocultable. Esta no cumple ninguno de esos requisitos. Es solo una ciudad que se cae en silencio.

Pero el dolor es real, concreto y tiene nombre. Sergio Vereda, secretario general del Sindicato de la Carne de Concepción del Uruguay, lo dijo con una crudeza que no admite eufemismos:

“Hay trabajadores que no tienen para comer, que tienen que pagar alquileres e impuestos. La situación es caótica. No le vemos salida y hay mil familias detrás de todo esto.”

— Sergio Vereda, Secretario General del Sindicato de la Carne — APFDigital, 14 de mayo de 2026

El mismo dirigente describió con precisión el fracaso de las sucesivas concesiones que los trabajadores aceptaron para sostener la fuente laboral: “Los trabajadores cedimos ante las medidas que tomó la empresa en nuestro desmedro, pero la situación empeoró.” Aceptaron jornadas reducidas, pagos en cuotas, suspensiones pactadas, salarios menguados. Nada alcanzó. Al final, recibieron cadenas en la puerta.

El impacto no se detiene en la puerta de la planta. Concepción del Uruguay tiene cerca de 90.000 habitantes.

La China es una de sus principales fuentes de empleo formal. Cuando una empresa de este calibre colapsa, el efecto dominó alcanza a los pequeños comercios que dependen del consumo de esas familias, a los almacenes de barrio donde se fía, a los transportistas que mueven la producción, a los granjeros que se endeudaron para criar aves que ahora nadie les paga:

“Hay alrededor de mil familias que necesitan el dinero para cumplir con sus compromisos. Pero además hay transportistas, proveedores, gente que trabaja en las granjas y muchos otros rubros que dependen de esta actividad.”

— Sergio Vereda — Misiones Online, marzo de 2026

Y hay, al fondo de todo esto, un impacto que las estadísticas no miden: el de las comunidades de Fe.

Las parroquias que sostienen comedores, los grupos de Cáritas que ya están recibiendo consultas, las familias que se repliegan porque no tienen para dar.

El tejido social que la Iglesia teje pacientemente durante décadas puede deshilacharse en semanas de crisis sin contención.

¿Quién es el responsable? Una pregunta que incomoda

Granja Tres Arroyos es el mayor grupo avícola de la Argentina, con el 40% de las exportaciones avícolas del país y presencia en 67 mercados internacionales.

La crisis tiene supuestamente causas estructurales que los directivos señalan con insistencia: la irrupción de la influenza aviar en 2023 que cerró el mercado chino, el ingreso masivo de pollo brasileño a precios que la producción local no puede igualar, la caída del consumo interno.

Pero no eximen de responsabilidad a quienes prometieron pagos que no hicieron, a quienes cerraron la planta Becar prometiendo reintegración y luego no cumplieron, a quienes presentaron en diciembre de 2024 un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo de la Nación que nunca llegó a aprobarse formalmente, dejando a los trabajadores en un limbo jurídico, y a quienes respondieron al agotamiento legítimo de su personal con cadenas en la puerta y un comunicado que los llama “inflexibles y desproporcionados”.

Tampoco exime al Estado nacional. La apertura irrestricta de importaciones sin mecanismos de protección para industrias estratégicas tiene consecuencias humanas concretas y verificables. 950 familias en Concepción del Uruguay son esa consecuencia.

¿Alguien en el Ministerio de Capital Humano o en la Secretaría de Trabajo de la Nación tiene en su escritorio el expediente del Procedimiento Preventivo de Crisis que lleva abierto sin resolución desde diciembre de 2024?

¿Qué implica esa aprobación pendiente para los derechos de quienes hoy están frente a una planta con candados en las puertas?

La pregunta simple que nadie responde: ¿tiene el Estado argentino alguna responsabilidad en garantizar que una empresa que emplea a 950 personas no pueda cerrar sus puertas de un día para el otro, adeudando dos quincenas de salario, sin presentarse a las audiencias laborales y sin dar respuestas a sus trabajadores? La respuesta debería ser obvia. La realidad dice que no lo es.

La Iglesia tiene algo que decir. ¿Lo dirá?

La Doctrina Social de la Iglesia no es un catálogo de buenas intenciones para ser leído en las bibliotecas de los seminarios. Es un mapa para leer la realidad y actuar sobre ella.

Y la realidad de Concepción del Uruguay, en este momento, interpela directamente a quienes en la Iglesia tienen voz, autoridad y misión.

El Papa Francisco lo decía con una claridad que no admitía malentendidos: el trabajo no es una mercancía.

La dignidad del trabajador no es negociable. La “economía del descarte” que trata a los hombres y mujeres como engranajes prescindibles de un sistema productivo no es solo un error económico: es un pecado estructural que genera pobreza, desesperación y ruptura del tejido social.

“El trabajo es una necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra, camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal.”

— Papa Francisco, Laudato Si’, n. 128

Cuando ese pecado afecta a 950 familias en una ciudad del interior argentino, cuando los trabajadores llegan a su planta y encuentran cadenas y candados y un cartel sin nombre humano firmado solo por “el directorio”, la Iglesia local no puede mirar para otro lado.

No puede guardar silencio mientras Cáritas empieza a recibir las primeras consultas de familias que no tienen para comer, y mientras los comedores parroquiales comienzan a llenarse de niños que llegaron a la escuela sin desayunar.

Preguntamos, entonces, con respeto y con urgencia: ¿qué está haciendo Cáritas diocesana ante esta crisis?

¿Hay redes de contención activas para las familias que ya no tienen para comer?

¿Ha emitido la Pastoral Social alguna declaración pública sobre lo que está viviendo una parte significativa de la feligresía de esta diócesis?

¿Ha elevado su voz el obispo local para decirle a los gobernantes, con la autoridad moral que le confiere su ministerio, que esto no puede seguir así?

No formulamos estas preguntas como acusación. Las formulamos como invitación urgente.

La Iglesia en Argentina tiene una larga y honrosa tradición de acompañar a los que sufren, de poner el cuerpo donde el Estado no llega, de decir la verdad cuando nadie más se atreve.

Esa tradición se prueba, precisamente, en momentos como este.

La comunidad cristiana de Concepción del Uruguay no necesita que la Iglesia resuelva el conflicto laboral.

Eso corresponde a la empresa, al sindicato y al Estado. Pero sí necesita saber que no está sola.

Que hay una voz que la nombra. Que la dignidad de esos trabajadores y de sus familias importa más allá de las columnas de balance de una avícola en crisis.

Lo que los políticos deben responder

Esta nota llega también a quienes ejercen el poder político en todos los niveles del Estado.

No para hacer campaña. Para hacer memoria y exigir rendición de cuentas públicas.

Al gobierno nacional le preguntamos: el Procedimiento Preventivo de Crisis presentado por GTA en diciembre de 2024 ante la Secretaría de Trabajo de la Nación nunca fue aprobado formalmente.

¿Qué implica esa situación para la protección legal de los trabajadores hoy que la planta está cerrada con candados?

¿Tiene el Ministerio de Capital Humano un plan de contingencia concreto para este caso?

¿Se evaluó el impacto social de la política de importaciones que dejó a la mayor avícola del país sin acceso competitivo al mercado externo?

Al gobernador Rogelio Frigerio le preguntamos: en enero de 2026, su intervención personal desbloqueó el conflicto más grave en dos décadas.

¿Está dispuesto a volver a poner el peso de su cargo sobre la mesa, ahora que la situación superó aquella instancia en gravedad?

¿La Secretaría de Trabajo provincial tiene herramientas reales para obligar a una empresa a reabrir una planta cerrada unilateralmente mientras adeuda dos quincenas de salario?

A los representantes legislativos de Entre Ríos en el Congreso Nacional les preguntamos: ¿alguien ha llevado este tema al recinto? ¿Alguien ha pedido un informe al Ejecutivo sobre la situación de Granja Tres Arroyos? ¿Alguien ha hecho uso de la banca para poner el nombre de estas 950 familias en el registro parlamentario del país?

Al Intendente de Concepción del Uruguay le preguntamos: más allá de las reuniones de urgencia con referentes sindicales, ¿hay un plan concreto de contención social para las familias que ya están en situación crítica? ¿Hay coordinación con Cáritas, con las parroquias, con las organizaciones de la sociedad civil?

“En Concepción del Uruguay la preocupación es enorme porque la planta tiene un peso clave dentro de la economía local. Cientos de familias dependen directa o indirectamente de la actividad de La China, por lo que cualquier interrupción genera un fuerte impacto en toda la ciudad.”

— Minuto Uno, 26 de mayo de 2026

Estas no son preguntas retóricas. Son preguntas que merecen respuestas públicas, concretas y urgentes. 950 familias no pueden esperar al próximo ciclo político.

Cuando los pollos mueren, muere algo más

Hay una imagen que condensa de manera brutal la magnitud de este colapso sistémico.

En febrero de 2026, Confederaciones Rurales Argentinas alertó que miles de aves de los productores integrados a Granja Tres Arroyos estaban a punto de morir porque la empresa demoraba hasta dos días en entregarles el alimento.

La cadena productiva se había fracturado desde adentro: no alcanzaba el dinero para pagar el grano con que alimentar a los animales que la propia empresa estaba obligada contractualmente a proveer a sus granjas integradas.

No es una metáfora fácil. Pero sí es una imagen que obliga a pensar. Cuando un sistema productivo colapsa, las primeras víctimas son los más vulnerables: los que no pueden hablar, los que no tienen sindicato, los que no pueden pegar un cartel en la puerta.

Los pollos que mueren de hambre en las granjas de Entre Ríos son el símbolo de una cadena de vida que se fractura desde adentro.

Y detrás de esos pollos, hay familias de productores integrados que se endeudaron para criar esas aves, que tomaron créditos, que apostaron a un sistema que las abandona sin aviso.

Son la periferia de la periferia de este drama: trabajadores rurales sin la visibilidad ni la organización de los operarios de la planta, pero que también están pagando el precio del colapso. El sindicalista Vereda lo confirmó: la crisis llega también a Río Cuarto, con cesación de pagos y problemas con granjeros y transportistas en toda la cadena.

Una ciudad que merece ser nombrada

Concepción del Uruguay es una ciudad con historia. Es el lugar donde Justo José de Urquiza organizó la Confederación Argentina.

Donde funciona el histórico Colegio que lleva su nombre y que formó a generaciones de argentinos.

Donde el río Uruguay marca el horizonte con esa mezcla de grandeza y humildad que caracteriza al interior profundo de este país.

Esa ciudad merece ser nombrada. No solo en las estadísticas del INDEC ni en las planillas de la Secretaría de Trabajo.

Merece ser nombrada por lo que es: una comunidad viva, con familias reales, con hijos que van a la escuela, con vecinos que se conocen, con parroquias que rezan juntas, con una historia que vale la pena defender.

Y esa comunidad está en crisis. Una crisis que tiene responsables humanos identificables, causas estructurales denunciables y soluciones que dependen de decisiones políticas concretas.

No es una fatalidad. No es el designio de Dios. Es el resultado de un sistema que puso las ganancias por delante de las personas, y de un Estado que todavía no ha decidido cuánto vale la dignidad de 950 familias entrerrianas.

Lo que no puede quedar sin decirse es esto: el martes 26 de mayo de 2026, mientras la Argentina todavía celebraba un nuevo aniversario de la Revolución que prometió libertad e igualdad para todos sus hijos, 950 trabajadores llegaron a su planta y encontraron cadenas.

Firmadas por “el directorio“. Sin nombre. Sin cara. Sin explicación digna de ese nombre.

Ese contraste no es accidental. Es el retrato exacto de una Argentina que sigue sin resolver la distancia entre sus promesas y su realidad. Y es, también, una interpelación a todos los que tienen poder para acortarla.

El periodismo que no nombra a los que sufren no es periodismo: es complicidad con el olvido.

La Fe que no se convierte en acción frente al sufrimiento concreto de las personas no es fe: es piedad de escaparate.

A los trabajadores de La China y sus familias: los vemos. Los nombramos. No están solos.

A quienes tienen poder de decisión: el tiempo de las dilaciones terminó. 950 familias no pueden esperar más.

A la Iglesia local: el momento es ahora. La comunidad necesita escuchar su voz.

Fuentes consultadas y verificadas

Infobae, 27 de mayo de 2026: “Crisis en la mayor avícola del país: Granja Tres Arroyos cerró su planta de Entre Ríos y peligran 950 empleos” (Lola Loustalot).

Infobae, 13 de mayo de 2026: “Crisis en la mayor avícola del país: recortó empleos, bajó la producción y acumula una deuda millonaria” (Lola Loustalot).

APFDigital, 14 de mayo de 2026: “Continúa paralizada la faena en Granja Tres Arroyos por salarios adeudados: ‘Hay empleados que no tienen para comer'”.

El Destape, 26 de mayo de 2026: “La avícola más importante del país paralizó una de sus plantas y hay temor de cierre”.

Minuto Uno, 26 de mayo de 2026: “Crisis en Granja Tres Arroyos: el gremio cree que la planta La China seguirá paralizada”.

La Pirámide (Concepción del Uruguay), mayo de 2026: “Continúa el conflicto en Tres Arroyos y surgen denuncias por situaciones dentro de la planta”.

Portal 03442 (Concepción del Uruguay), mayo de 2026: cobertura del conflicto en la planta La China.

Misiones Online, marzo de 2026: “Entre Ríos: Crece el conflicto en Granja Tres Arroyos”.

Agencia Comunas, mayo de 2026: “Colapso en Granja Tres Arroyos: Sueldos en cuotas, deuda millonaria y el fantasma de un cierre masivo”.

El Miércoles Digital (Concepción del Uruguay), febrero de 2026: “Se apaga Granja Tres Arroyos: deuda multimillonaria, cheques sin fondos y miles de pollos a punto de morir”.

El Cronista, noviembre de 2025: “La mayor productora avícola del país cierra su planta en Entre Ríos”.

Banco Central de la República Argentina: registros oficiales de cheques rechazados de GTA S.A. y Wade S.A.

Comunicado oficial de GTA S.A., 26 de mayo de 2026.

Néstor Ojeda

Director editorial — catolic.ar

Comisión de Laicos por la Evangelización Católica

Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina

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