Ha pasado poco más de un mes después del hallazgo en Teuchitlán (Jalisco, México) de un campo de entrenamiento y exterminio del cartel Jalisco Nueva Generación con hasta ahora 1.500 enseres personales, probablemente de desaparecidos. El macabro descubrimiento «generó indignación social», subraya a Alfa y Omega el sacerdote Jorge Atilano, jesuita y director de la iniciativa Diálogo Nacional por la Paz.
«Las manifestaciones llevaron a que la presidente presentara propuestas de ley», como la reforma de la Ley General sobre Desapariciones. En el país, desde el 31 de diciembre de 1952 han desaparecido y no han sido encontradas 120.000 personas.
El Diálogo Nacional por la Paz se ha implicado en este movimiento. El pasado martes Atilano y dos obispos participaron, en calidad de representantes de esta entidad, en una reunión con organizaciones de familiares de desaparecidos de ocho estados y con una delegación del Gobierno. La lideraba por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación.
«Hubo una libertad para expresar y los colectivos sacaron el enojo que traen de años», relata Atilano a Alfa y Omega. El comunicado final hacía referencia a la «indiferencia» con la que se han sentido tratados por parte de las autoridades.
«Los funcionarios estaban entre escuchando y apenándose pero no se defendieron, más bien aceptaron lo que se decía con una actitud de ver cómo corregir las cosas», prosigue el sacerdote. De hecho, afirma el comunicado final, «la Secretaría de Gobernación señaló que este es el inicio de un proceso para dar seguimiento a las demandas» de las entidades.
Entre otras cosas, las organizaciones de afectados reivindicaron en primer lugar que los empleados públicos que los atienden tengan «empatía» y voluntad de colaboración. En lo estructural, reclamaron fortalecer tanto «las fiscalías estatales para combatir la impunidad» como los servicios forenses para identificar los 72.000 cuerpos en depósitos o fosas comunes, de las que debería haber un registro nacional. En el caso del Rancho Izaguirre, desean que se fortalezca la investigación y sirva para «romper alianzas entre gobernantes y crimen organizado». Otras demandas fueron más coordinación entre los distintos niveles del Gobierno y un protocolo específico para desapariciones de niños.
Las organizaciones de parientes de desaparecidos pidieron asimismo que se reconozca la labor de búsqueda que ellas mismas han realizado. Además consideran necesario «aceptar la colaboración de organismos internacionales» en las investigaciones. Exigieron que la ley que se prepara garantice su seguridad y sancione «penalmente a los funcionarios que obstaculicen la justicia».
De hecho, durante la reunión se entregó a los representantes del Ejecutivo una postura ante la reforma de la Ley General sobre Desapariciones. La considera «insuficiente frente a la magnitud de la crisis» y «errada» en cuanto a su diagnóstico, pues «deja de lado la responsabilidad estatal» en algunos casos, que «se cometen con el consentimiento o aquiescencia de autoridades» o directamente con la participación de servidores públicos. Considera necesario además fortalecer al Centro Nacional de Identificación Humana y la asignación de presupuesto adicional.
«La iglesia hace suyas estas demandas», subraya Jorge Atilano. Tanto es así que las suma a las de la agenda nacional de paz. Resalta además que «noté desde la organización mucha confianza hacia la Iglesia. Los invitados» y el orden del día «se hicieron prácticamente desde el Diálogo Nacional por la Paz. Y nuestra presencia les dio confianza para que estuviera la secretaria de Gobernación todo el tiempo».
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