(ZENIT Noticias / Chicago).- La Arquidiócesis de Chicago ha presentado una contrademanda alegando que varios hombres conspiraron durante años para cometer fraude haciéndose pasar por víctimas del conocido abusador Daniel McCormack con el fin de obtener acuerdos económicos. La demanda, presentada a finales de marzo de 2025, presenta una narrativa dramática que plantea profundas preguntas sobre la gestión anterior de las denuncias de abuso por parte de la arquidiócesis y las implicaciones más amplias para la forma en que las diócesis de Estados Unidos gestionan las acusaciones históricas.
Según la demanda, un grupo de hombres —algunos de ellos pandilleros y asesinos convictos— idearon un plan hace más de una década para acusar falsamente a McCormack de abuso sexual. Una llamada grabada desde la prisión habría revelado conversaciones sobre lo fácil que era engañar a la arquidiócesis. Otras citaciones revelaron conversaciones en las que, según se informa, los acusados bromeaban sobre explotar el sistema.
«Yo también necesito dinero gratis», dijo uno de los presuntos conspiradores, según se grabó. Otro recluso respondió que también planeaba «subirse al tren del dinero».
La demanda alega que los cabecillas del fraude instruyeron a sus amigos sobre cómo inventar acusaciones, instruyéndoles a decir que habían conocido a McCormack a través de su parroquia o de los equipos de baloncesto que entrenaba. A cambio de su orientación, estos cabecillas supuestamente se llevaban una parte de los acuerdos. La arquidiócesis describe una red de perpetradores vinculados por vínculos vecinales, familiares y afiliaciones a pandillas. Algunos de los acusados supuestamente utilizaron sus pagos para financiar estilos de vida extravagantes, comprar autos de lujo y realizar viajes ostentosos a Miami y Las Vegas. Sin embargo, los conflictos internos por el reparto de las ganancias fraudulentas supuestamente resultaron en palizas violentas.
El esquema prosperó en parte porque McCormack era, según todos los indicios, un sacerdote profundamente depredador. Arrestado en 2006 y condenado por abusar de cinco menores, fue destituido del sacerdocio y dado de alta de un centro psiquiátrico estatal en 2021. Desde su condena inicial, surgieron una cantidad abrumadora de demandas adicionales, lo que llevó a la arquidiócesis a pagar millones en indemnizaciones. Un empleado diocesano admitió recientemente que se desconoce el número total de personas que han presentado demandas contra McCormack.
Dada la gravedad de los delitos de McCormack, la arquidiócesis a menudo optó por acuerdos rápidos, priorizando la compensación a las víctimas sobre las prolongadas batallas legales. Sin embargo, este enfoque, aunque bien intencionado, podría haber creado un entorno propicio para que las demandas fraudulentas prosperaran con un escrutinio mínimo.
Esta no es la primera vez que la arquidiócesis se opone a supuestas acusaciones falsas. En 2017, demandó con éxito a un hombre llamado Ahmond Williams, citando llamadas grabadas desde la prisión que sugerían que había inventado su denuncia contra McCormack. En aquel momento, el equipo legal de la arquidiócesis argumentó que las acusaciones falsas no solo agotaban los recursos de la iglesia, sino que también perjudicaban a los verdaderos sobrevivientes de abuso.
“Los verdaderos sobrevivientes de abuso son los que finalmente sufren las consecuencias del fraude”, declaró el abogado James Geoly en 2017. “Las acusaciones falsas aumentan el escrutinio, lo que dificulta que las verdaderas víctimas reciban la justicia y el apoyo que merecen”.
La demanda de 2025 sugiere que, a pesar de esa victoria legal previa, el problema persistía.
El impacto financiero de los acuerdos por abuso en la Arquidiócesis de Chicago ha sido asombroso. Para financiar estos pagos, la arquidiócesis ha dependido en gran medida de los ingresos por inversiones y la venta de bienes raíces, pero estos recursos no son infinitos. Desde 2020, la arquidiócesis ha cerrado 100 parroquias, una continuación de una tendencia que ha registrado 200 cierres desde 1990.
Más allá de las dificultades financieras, el caso pone de relieve las tensiones de larga data sobre cómo la Iglesia gestiona las acusaciones de abuso. Durante más de dos décadas, los críticos han advertido que las políticas diocesanas, a menudo condicionadas por la presión pública y el riesgo legal, a veces conducen a decisiones apresuradas que carecen del debido proceso. La Carta de Dallas, adoptada por los obispos estadounidenses en 2002 para abordar el abuso del clero, estableció protocolos estrictos, pero algunos abogados canónicos argumentan que estas medidas han creado disparidades inadvertidamente.
Si bien los sacerdotes acusados a menudo son rápidamente apartados del ministerio con pocos recursos, los obispos acusados de mala conducta con frecuencia reciben apoyo institucional, defensas legales y, en ocasiones, una presunción de inocencia que sus homólogos del clero no reciben. Este desequilibrio ha alimentado la frustración entre los sacerdotes, muchos de los cuales se sienten descartables ante una acusación, independientemente de su fundamento. Si la arquidiócesis prevalece en este caso, podría impulsar las demandas de reforma. Algunos miembros de la Iglesia ya han sugerido que la Carta de Dallas y las políticas relacionadas deberían revisarse a la luz de dos décadas de experiencia. Una victoria judicial podría animar a los obispos a adoptar un enfoque más cauteloso en los acuerdos por abuso, exigiendo una verificación más estricta antes de otorgar indemnizaciones.
Con información de The Pillar.
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