En pleno siglo XXI, en un contexto donde se proclama el respeto por los derechos humanos y la dignidad de la persona, asistimos con preocupación creciente a un fenómeno inquietante: la erosión silenciosa pero constante de la libertad de conciencia, especialmente en el ámbito sanitario.
Por Néstor Ojeda
El reciente desenlace del caso del farmacéutico alemán Andreas Kersten, quien fue forzado por un tribunal a abandonar su profesión tras negarse a dispensar la píldora del día después, expone con crudeza la tensión que vive hoy la libertad moral y ética de quienes trabajan en profesiones donde la vida humana está en juego.
Este caso trasciende lo individual y lo nacional. No se trata sólo de la decisión de un profesional frente a un medicamento, sino del choque frontal entre una conciencia que clama por el respeto a la vida y una normativa que busca imponer un criterio legal sin contemplar la dimensión ética profunda. Kersten encarna a tantos profesionales que, en distintas partes del mundo, enfrentan la disyuntiva de elegir entre obedecer sus convicciones o someterse a presiones que atentan contra la integridad de su vocación.
La libertad de conciencia no es un lujo ni un privilegio ideológico: es un derecho humano fundamental que garantiza el respeto a la dignidad y a la libertad interior de la persona. Atentar contra ella significa despojar al ser humano de su capacidad de discernir el bien del mal, de decidir según sus principios más íntimos y, en el caso de los profesionales de la salud, de actuar conforme a un compromiso ético que protege la vida en todas sus etapas.
La presión judicial contra Kersten revela, sin embargo, una realidad que no podemos ni debemos ignorar: vivimos en sociedades donde la cultura dominante muchas veces relativiza o niega el valor absoluto de la vida humana, y donde quienes defienden esa vida desde el inicio hasta su fin natural son tratados como obstáculos o rebeldes. En este marco, la libertad de conciencia se convierte en un campo de batalla decisivo para la Iglesia, para la sociedad civil y para toda persona que se considere defensora de la justicia y la verdad.
El caso también interpela a los católicos, a los comunicadores, a los pastores y fieles: ¿cómo responder ante esta arremetida que busca silenciar la voz de la conciencia y reducir la libertad a una mera formalidad? La respuesta debe ser clara, valiente y profética. Defender la libertad de conciencia es defender la posibilidad misma de construir un mundo en el que la vida sea respetada y amada, no solo en teoría, sino en cada acto concreto.
Este momento histórico exige una acción firme y decidida. No se trata de imponer una visión sectaria, sino de reclamar que la justicia y las leyes sean instrumentos que protejan, no que anulen, la dignidad humana. Es imperioso acompañar a los profesionales que sufren persecución por mantener su fe y ética; es urgente sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de este derecho y alertar sobre las consecuencias de su vulneración.
La libertad de conciencia es el alma de toda auténtica democracia y el fundamento ético de una práctica profesional verdaderamente humana. Cuando se ataca ese derecho, se está minando el tejido moral de la sociedad entera.
El desafío es inmenso, pero también lo es la esperanza que nace de la convicción profunda de que la verdad y la justicia prevalecerán. En esta batalla por la conciencia y la vida, cada voz cuenta, cada acto suma, y cada testimonio es una luz en la oscuridad.
Basado en un caso difundido por el medio español Religión en Libertad
