Desde que a los pocos días de llegar al poder Donald Trump dio orden de congelar los fondos para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), no han parado de sucederse noticias sobre el impacto de este cese de la ayuda internacional. Pero no son los únicos recortes del mandatario republicano que afectan a los más vulnerables del mundo: también ha reducido la financiación para las operaciones humanitarias de la ONU.
Además, la organización Church World Service hizo público recientemente un informe sobre el impacto en Haití del cese de operaciones de la Fundación Inter-Americana, una institución pública para el desarrollo de América Latina y el Caribe. El documento señala que esta decisión implica que 81.493 haitianos ya no pueden beneficiarse de proyectos de desarrollo que llevaban adelante organizaciones locales con financiación estadounidense.
De ellos, 15.000 han perdido el acceso a servicios de atención médica. Y 14.500 agricultores, ya no recibirán semillas, herramientas y formación. Esto tendrá un impacto aún mayor puesto que este cierre se produce justo en el comienzo de la temporada de siembre y la mitad de los afectados viven en regiones que ya sufren una inseguridad alimentaria grave.
Los proyectos rurales que han perdido la financiación estadounidense «eran un modelo de respuesta sostenible a las necesidades del más de un millón de desplazados internos que han huido de la violencia de las bandas en Puerto Príncipe», lamenta Church World Service.
«Es exactamente el tipo de respuesta que Estados Unidos debería estar escalando ahora mismo», subrayó Joel Malebranche, director internacional de programas de CWS. «Recortar estos programas especialmente de esta manera es cruel. Los agricultores contaban con apoyo de Estados Unidos y ahora les estamos dando la espalda».
La Fundación Interamericana se creó en 1969 por decisión del Congreso de Estados Unidos para apoyar el desarrollo económico y social en América latina y el Caribe. En Haití, a comienzos de 2025 financiaba proyectos por valor de diez millones de euros con 27 socios en todas las regiones del país. El 19 de febrero, el Gobierno federal ordenó el cese de sus operaciones mediante la orden ejecutiva Comenzar la reducción de la burocracia federal.
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