El obispo emérito Gustavo Zanchetta, condenado por abuso sexual, ha regresado a la Argentina tras haber viajado a Roma a fines del año pasado por una operación cardíaca. Sin embargo, su retorno estuvo envuelto en una niebla de silencios institucionales y gestos que, lejos de transmitir justicia y reparación, vuelven a herir a las víctimas que alguna vez quisieron entregar su vida al sacerdocio.
Redacción de catolic.ar
Zanchetta fue visto recientemente en Salta, según confirmó uno de los ex seminaristas que lo denunció, Matías Montes. No sólo eso: el actual obispo de Orán, Mons. Luis Scozzina, habría visitado al prelado caído en desgracia y se le estaría preparando una habitación en un monasterio. Todo indica que Zanchetta continuará cumpliendo allí su condena bajo arresto domiciliario, aunque Montes advierte que el ex obispo podría solicitar próximamente la libertad condicional anticipada.
“Sabemos que lo va a pedir, le están allanando el camino… No tenemos ninguna confianza en ellos en Salta, mientras la Iglesia siga cerca del Estado, esto seguirá ocurriendo. Fuimos totalmente abandonados. Queríamos ser sacerdotes y tuvimos que irnos. No hubo ayuda psicológica, ni apoyo, ni justicia real”, lamentó Montes, en declaraciones que estremecen por su crudeza y por el eco de una historia repetida.
Un regreso sin transparencia
En noviembre pasado, Zanchetta fue autorizado judicialmente a viajar a Italia para operarse del corazón. La defensa sostuvo que ningún centro argentino podía garantizar el procedimiento, y que hacerlo en Roma sería incluso más económico. La autorización implicaba su retorno antes del 1 de abril. Sin embargo, llegado ese mes, su paradero era desconocido.
El Hospital Gemelli confirmó su alta, pero ni el entorno del obispo ni la diócesis confirmaban su regreso. Ese silencio institucional prolongó la sensación de impunidad, mientras las víctimas seguían esperando señales claras de reparación por parte de la Iglesia.
Un caso que expone contradicciones
En 2015, el Vaticano ya tenía motivos serios para investigar. Imágenes sexualmente explícitas —algunas de jóvenes y otras del propio Zanchetta— fueron halladas en su celular. El Papa Francisco, sin embargo, aceptó la explicación de un supuesto hackeo, invocando el principio jurídico “in dubio pro reo” (en la duda, a favor del acusado). Esa actitud contrasta notablemente con la dureza mostrada en otros casos como el del cardenal peruano Juan Luis Cipriani o los sacerdotes del llamado “clan de los Romanones” en España, donde se actuó sin pruebas concluyentes o incluso contra el dictamen judicial.
Zanchetta renunció en 2017 al obispado de Orán por “razones de salud”, pese a que las denuncias ya eran conocidas en la Santa Sede. Lejos de ser apartado, fue designado por el propio Papa en un cargo creado especialmente para él en la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), desde donde siguió teniendo influencia en la curia romana. Recién en 2019, tras nuevas denuncias, fue suspendido y se abrió una investigación canónica que, hasta el año pasado, seguía sin dar resultados conocidos.
Las víctimas siguen esperando
El drama de fondo no es solo la figura de Zanchetta, sino el abandono sistemático de quienes fueron dañados. Jóvenes que querían ser sacerdotes y hoy viven con el trauma, el exilio espiritual y el desamparo institucional. Sin justicia real ni eclesial, sin palabras del Papa ni gestos de reparación.
La Iglesia está llamada a ser madre de los pequeños, no refugio de los poderosos. Cuando protege a sus victimarios, sufre una herida en el corazón de su credibilidad. Y cuando calla ante el dolor de las víctimas, no es neutral: toma partido.
Adaptación editorial a partir de The Pillar e InfoCatólica. Nota original: https://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=52577
