El juez Andrew Strum criticó la falta de base científica en los argumentos a favor de la transición del menor, alertando sobre los riesgos de imponer tratamientos irreversibles a temprana edad. La sentencia ha sido calificada como un revés contundente para las clínicas de género.
(LifeSite/InfoCatólica) Un juez en Australia ha emitido una sentencia «explosiva» que supone un golpe sin precedentes al modelo de «afirmación de género» aplicado a niños por parte de la industria transgénero.
En su fallo histórico, el juez Andrew Strum otorgó la custodia exclusiva de un niño de 12 años al padre, con el fin de detener los intentos persistentes de la madre —apoyada por una reconocida «clínica de género»— de «transicionar» a su hijo mediante el uso de bloqueadores hormonales, sustancias que pueden ser nocivas para el desarrollo del menor.
Los intentos de la madre se habían extendido durante seis años.
Según un reportaje de Ellie Dudley para The Australian, quien dio a conocer el caso, Strum consideró que la decisión de «afirmar sin reservas» a cualquier niño que manifieste dudas sobre su identidad de género resulta «curiosamente binaria».
«Este es un caso sobre un niño, y un niño relativamente joven; no se trata de una causa a favor de las personas transgénero», escribió el magistrado en su sentencia de 58.000 palabras. «A medida que este niño crezca, se desarrolle y madure, y explore y experimente la vida, podría, con los beneficios del paso del tiempo y la adquisición de una comprensión equilibrada, llegar a identificarse como una mujer transgénero y decidir someterse a algún tipo de tratamiento médico, para afirmar o alinearse con esa identidad. Pero, de igual modo, con esos mismos beneficios, podría no hacerlo, y por diversas razones».
«En esta etapa de la vida del menor, todas las opciones deberían permanecer abiertas, sin ningún riesgo inaceptable de daño para el niño», sostuvo Strum.
El juez expresó su asombro ante el hecho de que los expertos médicos que apoyaban la postura de la madre defendieran, sin fundamento empírico, que la llamada «identidad de género» es «interna» y «no susceptible de influencias externas».
«La madre, en el contrainterrogatorio, rechazó incluso la posibilidad de que factores externos o influencias pudieran desempeñar algún papel en la identidad de género del niño», escribió Strum, quien subrayó que los expertos que testificaron a favor de la madre «no pudieron señalar ninguna base empírica o sustantiva para sus opiniones, salvo informes anecdóticos de adultos transgénero sobre su experiencia con la identidad de género».
«Sin en modo alguno avalar las prácticas denominadas ‘terapias de conversión o reparativas’, resulta preocupante que se adopte un enfoque curiosamente binario con respecto a los menores, especialmente de la edad del niño objeto de este proceso; es decir, afirmar sin reservas a quienes presentan dudas sobre su género, sin admitir ningún cuestionamiento», añadió el juez.
Lyle Shelton, candidato al Senado por Nueva Gales del Sur, declaró en un comunicado que la sentencia del juez Strum podría contradecir las leyes «anti-terapia de conversión» inspiradas por activistas LGBT, las cuales contemplan penas de prisión en algunos estados para quienes —incluso padres— impidan que un menor acuda a una clínica de género.
Shelton se refirió a la ley denominada «Ley de Prohibición de Prácticas de Conversión 2024», que entró en vigor en el estado australiano de Nueva Gales del Sur el pasado 4 de abril.
Con esta nueva legislación, toda persona que ofrezca consejería o incluso oración por personas «LGBTQA» —aunque estas mismas personas expresen no desear su atracción homosexual o confusión de género— podría enfrentar hasta cinco años de prisión y multas de hasta 100.000 dólares australianos (aproximadamente 62.430 dólares estadounidenses).
Muchos consideran que la promulgación de esta ley constituye un grave avance hacia la criminalización del cristianismo y de la plenitud del mensaje del Evangelio en «la tierra de abajo».
«La falta de acción por parte de los políticos liberales y laboristas ante la abrumadora evidencia local e internacional del daño que causan las clínicas de género LGBTIQA+ a los niños durante muchos años es un escándalo», afirmó Shelton.
«La ideología no tiene lugar en la aplicación de la ley por parte de los tribunales, y mucho menos en la determinación, bajo la [Ley de Derecho de Familia], de lo que constituye el mejor interés del menor», proclamó Strum.
El fallo del juez «es la mejor guía judicial hasta la fecha en el debate sobre las clínicas de género para jóvenes», escribió Bernard Lane, periodista que ha seguido de cerca el debate internacional sobre esta temática, en un artículo de opinión para The Australian.
«Es devastador para el modelo dominante de afirmación de género, con su promoción de bloqueadores de la pubertad, hormonas y cirugías», afirmó Lane. «Esto podría marcar el regreso del sentido común y la justicia en materia de protección infantil dentro de los tribunales australianos», concluyó Kirralie Smith, de la organización Binary.org.
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